La reforma laboral entra en una nueva etapa de disputa judicial y legislativa mientras la oposición impulsa cambios

• La reforma laboral enfrenta una doble disputa: en los tribunales, por las impugnaciones contra algunos de sus artículos, y en el Congreso, donde la oposición busca revertir o modificar sus principales efectos
• Un juez suspendió artículos vinculados al financiamiento sindical y el Gobierno prepara una apelación para defender la vigencia de la normativa
• Unión por la Patria impulsa proyectos sobre trabajadores de plataformas, seguridad laboral, registración y licencias familiares
• Las comisiones de Trabajo de Diputados y Senado permanecen paralizadas desde febrero y frenan nuevas iniciativas laborales
• Los gremios analizan posibles medidas de fuerza mientras mantienen abierta la negociación con el Gobierno
• El oficialismo busca sostener su principal avance legislativo del año frente a la presión judicial y sindical

La reforma laboral impulsada por el Gobierno enfrenta una nueva etapa de incertidumbre mientras se multiplican los cuestionamientos judiciales y, en paralelo, avanzan en el Congreso una serie de proyectos opositores que buscan modificar distintos aspectos de la legislación vigente. La iniciativa oficialista, considerada uno de los principales triunfos parlamentarios del año, continúa bajo revisión en los tribunales y mantiene abierta una disputa política con sectores sindicales y legisladores de la oposición.

Con la llegada del receso invernal y mientras el oficialismo intenta recomponer acuerdos con sus aliados para recuperar ritmo legislativo, en la Cámara de Diputados se acumulan proyectos que apuntan a revisar los cambios introducidos por la reforma laboral. El bloque de Unión por la Patria aparece como el principal impulsor de estas propuestas, acompañado por algunas iniciativas presentadas por sectores aliados.

Entre los proyectos presentados se destaca uno vinculado a los trabajadores de plataformas digitales, que busca adaptar la legislación argentina a los lineamientos promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para este sector. La iniciativa plantea reconocer derechos laborales específicos, entre ellos la posibilidad de organización sindical, negociación colectiva y la responsabilidad de las empresas de aplicaciones sobre los aportes vinculados a la seguridad social.

Otro conjunto de propuestas apunta a modificar las obligaciones empresariales en materia de información laboral. Una de ellas plantea extender la obligación de presentar balances sociales a empresas con más de 50 empleados, reduciendo el actual límite establecido por la ley 25.877, que fija ese requisito para compañías con más de 300 trabajadores.

También ingresó un proyecto destinado a crear comités mixtos de prevención de riesgos laborales, con participación conjunta de empleados y empleadores en empresas con al menos diez trabajadores. El objetivo es establecer mecanismos de control y prevención para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en los ámbitos laborales.

A estas iniciativas se suma una propuesta para reformar la ley 24.013, con el objetivo de facilitar las denuncias por empleo no registrado y endurecer los controles frente a irregularidades en la registración laboral. Desde el peronismo parlamentario sostienen que la reforma oficialista debilitó las herramientas de protección para los trabajadores y buscan recuperar mecanismos de fiscalización.

El paquete opositor también incluye proyectos relacionados con las licencias familiares. Uno de los reclamos históricos del sector es la ampliación de la licencia parental, una iniciativa que había logrado dictamen en 2023 y que proponía elevar la licencia para los padres de los actuales dos días a 45 jornadas. Aunque no llegó a ser tratada en el recinto, continúa formando parte de la agenda legislativa del espacio.

En la misma línea, la diputada radical Karina Banfi presentó un proyecto para equiparar la licencia por adopción con la licencia por maternidad, estableciendo un período de 90 días con posibles extensiones según distintas circunstancias, como la cantidad de niños adoptados, situaciones familiares especiales o fallecimientos.

Sin embargo, todas estas iniciativas permanecen frenadas por la falta de actividad de las comisiones legislativas correspondientes. La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados no volvió a reunirse desde febrero, cuando únicamente se convocó para analizar la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La situación también se replica en el Senado, donde la Comisión de Trabajo, presidida por la oficialista Carmen Álvarez Rivero, no retomó sus reuniones desde el verano.

En paralelo, la reforma laboral oficial continúa enfrentando cuestionamientos en la Justicia. Esta semana, el juez Herman Mendel resolvió suspender los artículos 131 y 133 de la normativa, vinculados a la recaudación sindical destinada a seguros de sepelio, extensión de cobertura de obras sociales, capacitación profesional y actividades sociales.

El Gobierno anticipó que apelará la decisión y busca que avance una postura similar a la adoptada por el juez Víctor Pesino, quien en abril había levantado una medida cautelar contra la ley. La situación de Pesino también genera atención política, ya que su continuidad en el cargo depende de una aprobación del Senado antes de agosto debido a que alcanzará la edad límite establecida para los magistrados.

El conflicto por la reforma laboral amenaza con profundizar la tensión entre el Gobierno y los gremios. Aunque las centrales sindicales expresaron su disposición a dialogar con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, sectores sindicales ya dejaron trascender la posibilidad de impulsar medidas de fuerza escalonadas durante el segundo semestre de 2026 si continúan los cambios en materia laboral.