Castagneto cuestionó el decreto sobre aportes sindicales y acusó al Gobierno de avanzar contra los derechos laborales

• Carlos Castagneto cuestionó el decreto que modifica el cálculo de los aportes sindicales.
• El diputado afirmó que la medida implica un retroceso para los derechos de los trabajadores.
• El Gobierno estableció que solo el salario básico y las sumas remunerativas habituales integrarán la base de cálculo.
• Quedaron excluidos conceptos como aguinaldo, horas extras, premios y sumas no remunerativas.
• La norma también redefine el tratamiento de las contribuciones patronales previstas en los convenios colectivos.
• El debate sobre el alcance del decreto se suma a las discusiones paritarias que mantienen distintos sectores laborales.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei luego de la publicación del Decreto 612/2026, que modifica los criterios para calcular los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo. El legislador sostuvo que la medida representa un perjuicio para los trabajadores y utilizó las redes sociales para expresar su rechazo, con un mensaje en el que advirtió que el Ejecutivo "roba el aguinaldo" al modificar la base sobre la que se realizan determinados aportes.

Las declaraciones del dirigente peronista se produjeron pocas horas después de que el Gobierno oficializara la reglamentación de distintos aspectos de la Ley de Modernización Laboral. La norma redefine cuáles son los conceptos salariales que deberán integrar la base de cálculo para los aportes y contribuciones convencionales, introduciendo cambios que podrían incidir en la forma en que se negocian los futuros acuerdos paritarios.

A través de una publicación en la red social X, Castagneto expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo con un mensaje dirigido a los trabajadores. En su texto afirmó que el decreto excluye del cálculo conceptos como las horas extras, las vacaciones, los premios y el aguinaldo, y sostuvo que ello implica un retroceso en materia de derechos laborales.

El diputado también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y cuestionó el rumbo de las políticas impulsadas por la administración nacional. En ese marco, aseguró que las modificaciones representan un nuevo avance sobre conquistas laborales obtenidas a lo largo de los años y acusó al Gobierno de perjudicar el poder adquisitivo y las condiciones de los trabajadores.

La controversia surgió a partir de la publicación del Decreto 612/2026 en el Boletín Oficial. La reglamentación establece que la base de cálculo de los aportes sindicales estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a cada categoría y por aquellas sumas remunerativas que tengan carácter normal, habitual y frecuencia mensual.

En consecuencia, el nuevo esquema deja fuera del cálculo una serie de conceptos salariales que hasta ahora, en numerosos convenios colectivos, eran considerados para la aplicación de determinados aportes. Entre ellos figuran las horas extras, los bonos, los premios, el Sueldo Anual Complementario, el plus vacacional y las sumas no remunerativas.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo de la medida es brindar mayor seguridad jurídica respecto de la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y establecer criterios uniformes para la homologación de los acuerdos colectivos. La intención oficial es precisar cuáles son los conceptos alcanzados por los aportes convencionales y evitar interpretaciones diferentes entre los distintos convenios.

El decreto también introduce modificaciones relacionadas con las contribuciones patronales destinadas a las organizaciones sindicales. La norma aclara que esos aportes empresariales no quedan comprendidos dentro del límite del 2% previsto por la legislación para las contribuciones solidarias a cargo de los trabajadores.

Además, establece que los fondos provenientes de esos aportes deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores y exige que sean administrados mediante una contabilidad separada respecto del patrimonio general de las organizaciones sindicales.

La reglamentación dispone, asimismo, que los acuerdos que establezcan este tipo de contribuciones continúen sujetos al proceso de homologación estatal para adquirir plena validez jurídica, manteniendo el control administrativo sobre los convenios colectivos.

Las críticas formuladas por Castagneto reflejan el rechazo de Unión por la Patria a las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo. Desde ese espacio consideran que el decreto constituye una nueva intervención sobre aspectos centrales de la legislación laboral y advierten que sus efectos podrían repercutir en las futuras negociaciones salariales.

El debate en torno a la norma se produce en un contexto de intensa actividad paritaria en distintos sectores de la economía, donde las sumas no remunerativas y otros conceptos variables se convirtieron en herramientas frecuentes para acordar recomposiciones salariales. En ese escenario, las modificaciones introducidas por el Gobierno abren una nueva discusión sobre el alcance de los aportes sindicales y el impacto que la reglamentación tendrá tanto para trabajadores como para empleadores y organizaciones gremiales.