Santa Fe llevará la pelea por la reforma previsional a la Corte Suprema nacional

El Gobierno de Santa Fe prepara una nueva ofensiva judicial contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que declaró inconstitucional el tope aplicado a determinadas jubilaciones. La administración de Maximiliano Pullaro recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir esa decisión.

La presentación será realizada por la Fiscalía de Estado mediante un recurso extraordinario federal. El procedimiento establece que, en primera instancia, el planteo debe presentarse ante el máximo tribunal santafesino, que deberá determinar si habilita el camino hacia la Corte nacional.

Si la Justicia provincial rechaza la concesión del recurso, el Ejecutivo santafesino podrá presentar una queja directamente ante la Corte Suprema de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal federal analice el caso.

Dos decisiones con fuerte impacto

La resolución de la Corte santafesina se conoció la semana pasada y abordó dos aspectos centrales de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

Por un lado, el tribunal declaró inconstitucional el tope jubilatorio. Por otro, consideró válido el aporte solidario establecido por la reforma, aunque su aplicación para trabajadores activos y jubilados finalizará en septiembre.

En ambos pronunciamientos tuvo un papel decisivo el ministro Roberto Falistocco, quien votó a favor de la constitucionalidad del aporte solidario y contra el límite fijo para las jubilaciones.

La decisión sobre el aporte solidario fue respaldada también por Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza, mientras que el rechazo al tope contó con los votos de Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

En el caso del aporte, la Justicia otorgó además un plazo de 30 días para que quienes promovieron las demandas puedan recurrir ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

La respuesta del Gobierno

La administración provincial cuestionó con dureza el fallo. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, criticó el criterio adoptado por los magistrados y consideró que la resolución presenta serios problemas desde el punto de vista jurídico.

El funcionario incluso sostuvo que se trata de una sentencia que debería ser utilizada como ejemplo académico de aquello que no debería hacerse en un proceso judicial.

La estrategia para continuar la disputa fue definida por la Fiscalía de Estado junto con el gobernador Pullaro, que buscarán que la discusión llegue al máximo tribunal del país.

El pedido de apartamiento de cuatro ministros

El conflicto judicial también había generado otro planteo por parte de la Casa Gris. El Gobierno provincial solicitó que cuatro integrantes de la Corte santafesina se apartaran de los expedientes relacionados con la reforma previsional.

El argumento oficial fue que existían circunstancias que podían afectar la imparcialidad del tribunal al momento de resolver las demandas contra la nueva legislación.

La Provincia puso especialmente el foco en la situación previsional de algunos de los integrantes del máximo tribunal. Entre ellos mencionó a Rubén Weder, quien ya estaba jubilado cuando asumió como ministro y debió suspender ese régimen durante su desempeño.

También señaló las situaciones de Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, quienes tienen iniciado el trámite jubilatorio y cumplen con los requisitos, aunque todavía permanecen en actividad.

El caso de Spuler adquiere especial relevancia debido a que su salida de la Corte está prevista para las próximas semanas.

Una disputa que escala

La judicialización de la reforma previsional se inició a partir de numerosas presentaciones realizadas por jubilados y exintegrantes del Poder Judicial que cuestionaron distintos aspectos de la normativa.

Entre los expedientes analizados se encuentran los casos Lisi, iniciado por la docente jubilada Gladys Noemí Lisi, y Ramón, promovido por la camarista penal Elena Virginia Ramón.

Los planteos cuestionaron principalmente el aporte solidario y el límite establecido para determinadas jubilaciones.

Con la decisión de recurrir ante la Justicia nacional, la administración de Pullaro busca abrir una nueva instancia en una disputa que ya provocó fuertes cruces entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal provincial.

El próximo paso será determinar si la Corte santafesina concede el recurso extraordinario. Si eso no ocurre, la Provincia podrá recurrir directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llevando el conflicto previsional al máximo nivel judicial del país.