Caputo marcó distancia del Estado frente a la morosidad y destacó la respuesta de los bancos

• Caputo sostuvo que el Gobierno tiene empatía frente a la situación de los morosos, pero descartó utilizar recursos públicos para asistirlos directamente.
• El ministro afirmó que cerca de cinco millones de personas tenían algún tipo de mora hacia junio.
• El Gobierno asegura que los bancos comenzaron a refinanciar deudas a plazos de hasta tres años y con tasas de entre 20% y 25%.
• Caputo advirtió que las tasas extremadamente elevadas de algunas fintech podrían poner en riesgo la sustentabilidad de esos negocios.
• Economía analiza mecanismos para ampliar el crédito hipotecario mediante depósitos bancarios de largo plazo.
• El Gobierno también busca facilitar el financiamiento en dólares para empresas y aprovechar el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a fijar la posición del Gobierno frente al crecimiento de la morosidad y dejó en claro que el Ejecutivo no contempla utilizar recursos públicos para asistir directamente a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el funcionario buscó diferenciar la preocupación oficial por la situación de las familias de cualquier decisión que implique una intervención estatal sobre deudas contraídas con entidades privadas.

Caputo sostuvo que existe empatía dentro del Gobierno por la situación de los deudores, pero remarcó que esa preocupación no debe confundirse con una política pública destinada a rescatar a quienes no pueden afrontar sus compromisos. En esa línea, insistió en que las dificultades de pago constituyen, fundamentalmente, una cuestión entre privados y que corresponde a los bancos y sus clientes encontrar mecanismos para resolverlas.

La definición adquiere relevancia frente a una problemática que alcanzó una dimensión considerable. A junio, las estimaciones ubican en alrededor de cinco millones a las personas que mantienen algún tipo de mora. El crecimiento de las dificultades financieras se produjo en un contexto en el que numerosos hogares tomaron créditos con tasas mensuales elevadas, mientras sus ingresos evolucionaron a un ritmo considerablemente menor.

El propio ministro reconoció que el Gobierno había advertido anticipadamente sobre ese riesgo. Según explicó, las autoridades mantuvieron reuniones con los bancos para señalar que prestar dinero a tasas de entre 5% y 8% mensual podía convertirse en un problema si los salarios aumentaban apenas entre 2% y 2,5% en el mismo período. El diagnóstico oficial, por lo tanto, no surgió después de que la morosidad se convirtiera en un fenómeno extendido, sino que había sido identificado con anterioridad.

La estrategia elegida fue, sin embargo, coherente con la concepción económica del Gobierno: antes que intervenir directamente con fondos estatales, se buscó que las propias entidades financieras ofrecieran alternativas de refinanciación. Caputo afirmó que el equipo económico mantuvo múltiples encuentros con los bancos y les reclamó flexibilidad y condiciones razonables para quienes habían quedado atrapados en situaciones de atraso.

Según el ministro, esa estrategia comenzó a mostrar resultados. Las entidades financieras estarían refinanciando las deudas a plazos de hasta tres años y con tasas ubicadas entre el 20% y el 25%, mientras que una parte importante de los clientes que accedieron a esas alternativas ya habría comenzado nuevamente a cumplir con sus pagos.

El efecto de esas medidas, de todos modos, no aparecerá inmediatamente en las estadísticas de morosidad. Caputo explicó que una persona que deja de cumplir con sus obligaciones no recupera de manera instantánea la condición de cliente regular. El proceso puede demandar más de tres meses, por lo que las cifras oficiales podrían continuar mostrando niveles elevados de mora incluso si las refinanciaciones están comenzando a funcionar.

El caso de las empresas fintech representa uno de los puntos más controvertidos del escenario. Consultado por las tasas que cobran algunas plataformas, que en determinados casos superan ampliamente el 500%, Caputo reconoció que actualmente no existe una prohibición que impida aplicar esos costos financieros. Al mismo tiempo, puso en duda la sustentabilidad de un modelo de negocios basado en tasas tan elevadas y deslizó que esas compañías podrían enfrentar dificultades si mantienen esas condiciones.

El Gobierno también busca ampliar el acceso al crédito en otros segmentos de la economía. Una de las iniciativas en análisis apunta a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para promover depósitos a largo plazo que permitan a los bancos disponer de fondeo suficiente para ampliar la oferta de créditos hipotecarios. El objetivo es complementar el financiamiento existente y favorecer también al sector desarrollador.

En paralelo, el equipo económico prepara una modificación regulatoria para ampliar el acceso de las empresas al crédito en dólares. La flexibilización permitirá que las entidades financieras otorguen préstamos en moneda extranjera a personas jurídicas sin exigir necesariamente que cuenten con exportaciones o seguros denominados en dólares.

La medida apunta a aprovechar el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera, que rondan los US$40.000 millones, y canalizar una mayor proporción de esos recursos hacia el financiamiento productivo. También podría generar una competencia mayor entre los bancos por captar depósitos en dólares y mejorar las condiciones ofrecidas a los ahorristas.

El mensaje de Caputo intenta mostrar que el Gobierno no permanece indiferente frente a las dificultades económicas, aunque tampoco está dispuesto a modificar su principio de limitar la utilización de recursos estatales para resolver problemas originados en relaciones financieras privadas. La apuesta oficial consiste en que los bancos ajusten sus condiciones, que el mercado encuentre mecanismos de refinanciación y que el crédito vuelva a expandirse sin requerir un rescate financiado por los contribuyentes.

La cuestión será determinar si esa estrategia alcanza para contener una problemática que afecta a millones de personas. La recuperación de los ingresos, la evolución de las tasas y el acceso a financiamiento en condiciones razonables serán determinantes para saber si la actual reducción de la mora se consolida o si, por el contrario, las dificultades de pago vuelven a expandirse.