La Justicia le pidió a Manuel Adorni 20 explicaciones por una causa de presunto enriquecimiento ilícito

• Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de 20 puntos que Manuel Adorni deberá responder ante la Justicia.
• La Fiscalía detectó una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos familiares comprobados y los gastos registrados.
• Además, existen US$402.578,12 en gastos cuya procedencia busca determinar la investigación.
• El cuestionario incluye bienes, préstamos, remodelaciones, propiedades, viajes, donaciones y operaciones con criptoactivos.
• Adorni tiene 15 días para presentar sus respuestas y la documentación que respalde sus explicaciones.
• La Fiscalía evaluará las respuestas para definir si corresponde profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de 20 puntos que Manuel Adorni deberá responder en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El cuestionario busca reconstruir el origen de distintos bienes, gastos, operaciones financieras y movimientos patrimoniales registrados durante el período en que el ex jefe de Gabinete formó parte del Gobierno nacional.

El requerimiento abarca desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2026, etapa en la que Adorni ingresó y dejó la función pública. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, durante ese período se registraron incrementos patrimoniales, adquisiciones y desembolsos que, de acuerdo con la información incorporada al expediente, todavía no encuentran una explicación suficiente frente a los ingresos lícitos acreditados.

Uno de los principales ejes del análisis está relacionado con la diferencia entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. De acuerdo con los datos relevados por la investigación, Adorni percibió 35 haberes durante su paso por la administración pública. Sumados los ingresos comprobados de su esposa, el total familiar alcanzó los $229.752.283,20.

Sin embargo, los gastos registrados durante el período investigado llegaron a $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549. A ese monto se agregan gastos por US$402.578,12 cuya procedencia y forma de financiamiento también deberán ser explicadas ante la Fiscalía.

Entre las preguntas formuladas por Pollicita aparece el origen del dinero en efectivo declarado por Adorni y la documentación relacionada con distintos préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. También se requiere información sobre los fondos utilizados para adquirir un Jeep y el lote 380 ubicado en el country Indio Cuá.

La investigación pone especial atención sobre la propiedad ubicada en ese complejo residencial. El fiscal solicitó detalles acerca del financiamiento de la remodelación del inmueble y, particularmente, sobre los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar. La Justicia busca determinar de dónde provinieron los fondos utilizados para afrontar esos trabajos y si existieron terceros involucrados en el circuito de pagos.

Otro de los puntos del cuestionario está vinculado con el inmueble de Miró 550. Pollicita pidió precisiones sobre la adquisición de la propiedad, la compra de muebles, los gastos notariales y distintos pagos efectuados en dólares y dinero en efectivo.

El requerimiento también abarca aspectos más amplios de la situación patrimonial familiar. Entre ellos figuran ingresos declarados como exentos o no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, eventuales herencias o donaciones, viajes al exterior, alquileres, expensas y gastos vinculados con la educación.

La Fiscalía busca además determinar por qué Adorni habría recurrido de manera reiterada a terceros para concretar adquisiciones o efectuar determinados pagos. A esto se suma la necesidad de conocer en detalle las operaciones realizadas con criptoactivos, un segmento patrimonial que también forma parte de la investigación.

El ex funcionario dispone de 15 días para contestar los 20 puntos y acompañar la documentación que considere necesaria para respaldar sus explicaciones. No obstante, la defensa podría solicitar una extensión del plazo debido al volumen de información que debe reunir y presentar.

Una vez recibidas las respuestas, la Fiscalía deberá evaluar si las explicaciones y documentos aportados permiten justificar las diferencias detectadas durante el análisis patrimonial. En caso contrario, Pollicita podría impulsar nuevas medidas dentro del expediente para profundizar la investigación.

El requerimiento judicial se produce después de que Adorni enfrentara un extenso cuestionario en la Cámara de Diputados durante su informe de gestión del 29 de abril, donde respondió cerca de 5.000 preguntas. En aquella oportunidad también surgieron consultas sobre su patrimonio, los viajes realizados y la información consignada en sus declaraciones juradas.

Ahora, la investigación judicial concentra el foco en un conjunto mucho más reducido pero específico de interrogantes. Las respuestas de Adorni serán determinantes para establecer si las diferencias patrimoniales detectadas pueden ser explicadas mediante ingresos legítimos o si resulta necesario avanzar con nuevas medidas para determinar el origen de los fondos utilizados.