Dalbón pidió detener a Caputo, Bausili y Curutchet por las operaciones con derivados de oro del BCRA

• Dalbón amplió la denuncia penal y pidió detener a Caputo, Bausili y Curutchet.
• Las operaciones con derivados de oro registraron una pérdida contable de USD 1.023 millones durante 2025.
• La presentación reclama investigar contratos, intermediarios, comisiones y decisiones vinculadas con las transacciones.
• El abogado invocó posibles delitos contra la administración pública y pidió medidas para preservar las pruebas.
• La AGN cuestionó los resultados de las operaciones, aunque consideró razonables los estados contables del BCRA.
• El Banco Central defendió la estrategia de cobertura y sostuvo que el resultado neto de la posición en oro fue positivo en USD 2.505 millones.

El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal y solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y de Juan Curutchet, integrante del directorio de la entidad y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC). La presentación cuestiona las operaciones con derivados financieros vinculados al oro realizadas durante 2025 y reclama investigar si existió un perjuicio para el Estado, además de determinar quiénes intervinieron en las decisiones.

El planteo se apoya en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado el 8 de octubre por la Auditoría General de la Nación (AGN). Según los datos incorporados a la denuncia, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a USD 1.023 millones, con egresos de divisas.

Dalbón atribuyó provisoriamente a los hechos posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. No obstante, la presentación no implica que los funcionarios hayan sido imputados judicialmente ni que exista una orden de arresto. La decisión sobre las medidas solicitadas corresponde a la Justicia, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

El abogado reclamó reconstruir el circuito de las operaciones, identificar a los intermediarios, establecer las comisiones abonadas y determinar quiénes seleccionaron a las contrapartes. También pidió examinar los contratos, las decisiones administrativas, los límites de riesgo aplicados y las liquidaciones efectuadas. Entre los aspectos que considera necesario esclarecer figura la diferencia entre las primas de las opciones y el resultado negativo registrado durante el ejercicio.

La documentación citada en el escrito desglosa la pérdida en $1.400.793 millones, equivalentes a USD 960,2 millones, correspondientes al resultado negativo por opciones, y otros $68.362 millones, unos USD 62,8 millones, en concepto de primas. Al mismo tiempo, la tenencia de oro registró una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización.

La denuncia también menciona versiones sobre una estrategia financiera conocida como collar, que combina la compra y la venta de opciones. Sin embargo, su utilización concreta deberá comprobarse mediante los contratos y los registros de la autoridad monetaria. El objetivo de la investigación propuesta es determinar si los instrumentos cumplieron una finalidad efectiva de cobertura y si su implementación estuvo debidamente justificada.

En relación con Caputo, Dalbón solicitó establecer si el ministro impartió instrucciones, coordinó o tuvo conocimiento de las operaciones, en el marco de la autonomía reconocida al BCRA por su Carta Orgánica. Respecto de Bausili, pidió determinar si participó en la propuesta, aprobación, firma o ejecución de los contratos. En el caso de Curutchet, reclamó esclarecer una eventual intervención en su autorización, control o ratificación.

El planteo incluye un pedido de detención inmediata de los tres funcionarios, con el argumento de preservar pruebas y garantizar la investigación. Como alternativas, solicitó que se evalúen la prohibición de salir del país, las restricciones de acceso a determinadas dependencias oficiales y la prohibición de comunicarse con potenciales testigos. El fundamento es el posible riesgo de entorpecimiento, debido a que parte de la documentación relevante y algunos de los empleados que podrían declarar se encuentran bajo la órbita de las áreas involucradas.

Entre las medidas de prueba reclamadas figuran la entrega del informe completo de la AGN, sus papeles de trabajo, las actas del directorio del Banco Central, los contratos, los informes de riesgo y las constancias de liquidación. También pidió preservar las comunicaciones electrónicas y solicitar al Ministerio de Economía los registros de reuniones, instrucciones e intercambios con el BCRA entre 2024 y 2026. Finalmente, requirió una pericia contable y que, una vez reunidas las pruebas, se convoque a los denunciados a prestar declaración indagatoria.

La controversia tiene como antecedente el señalamiento de la AGN sobre el resultado de las operaciones financieras. Su presidente, Juan Manuel Olmos, sostuvo que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud ni una utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo. Sin embargo, el organismo consideró razonables los estados contables del Banco Central en sus aspectos técnicos y patrimoniales.

La autoridad monetaria rechazó la caracterización de las operaciones como especulativas y cuestionó la actuación de la conducción de la AGN, a la que atribuyó motivaciones políticas. El BCRA sostuvo que los derivados formaron parte de una estrategia de cobertura sobre el 100% de la posición en oro, destinada a proteger las reservas frente a una eventual caída del precio internacional del metal.

Aunque reconoció el resultado negativo de esos instrumentos durante 2025, la entidad afirmó que debía evaluarse el conjunto de la estrategia y no sus componentes por separado. Según su explicación, la suba del oro durante el ejercicio compensó ampliamente el costo de la cobertura y permitió alcanzar un resultado neto positivo de USD 2.505 millones. La investigación deberá establecer ahora la estructura de las operaciones y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.