Del Frade rechazó el paquete de seguridad de Pullaro y advirtió sobre una ampliación del poder policial

El diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, cuestionó duramente las iniciativas de seguridad impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y anticipó su voto negativo en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Advirtió que los proyectos, lejos de concentrarse en la desarticulación de los mercados ilegales, representan una ampliación de las facultades policiales que podría poner en riesgo derechos y garantías individuales.

Durante su intervención en la última sesión ordinaria, el legislador puso el foco en las atribuciones relacionadas con el control de teléfonos celulares, los procedimientos de identificación en la vía pública y las facultades para realizar allanamientos y detenciones.

“Nosotros vamos a votar en contra de este mensaje del Poder Ejecutivo porque no creemos que se trata de una ley vinculada a la desarticulación de los mercados ilegales de sistemas electrónicos. Esto es una nueva delegación de facultades a la Policía de la provincia de Santa Fe”, sostuvo.

El control de celulares, uno de los principales cuestionamientos

Uno de los ejes centrales de la crítica de Del Frade estuvo dirigido a las herramientas que la iniciativa contempla para que los efectivos policiales puedan requerir información sobre teléfonos celulares y avanzar en procedimientos de identificación.

El diputado consideró que el argumento de combatir la comercialización ilegal de dispositivos robados no justifica ampliar las atribuciones de la fuerza sin establecer límites precisos.

“Este es un gran problema de la democracia. Retroceder a lo que hacía la Policía en 1975 y en 1976 para nosotros es inadmisible. Por eso esto no tiene que ver con los celulares, tiene que ver con la posibilidad de la Policía de pedir y exigir celulares porque se les antoje”, afirmó.

También cuestionó las disposiciones que, según su interpretación, permitirían exigir la identificación de dispositivos en la vía pública y acceder a mecanismos de geolocalización.

Para Del Frade, el debate no debe limitarse a la prevención del delito, sino que tiene que contemplar las consecuencias que estas herramientas podrían tener sobre las libertades individuales.

“Estamos ante el imperio de la vigilancia”

En otro tramo de su exposición, el legislador recurrió a referencias intelectuales y periodísticas para advertir sobre lo que considera una expansión de los mecanismos estatales de vigilancia y control social.

Mencionó el concepto de “el imperio de la vigilancia”, desarrollado por Ignacio Ramonet, y lo vinculó con las características del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo provincial.

“Estamos ante el imperio de la vigilancia”, expresó. También recordó el título del libro Todos somos subversivos, del periodista y escritor Carlos Gabetta.

A partir de esas referencias, sostuvo que las nuevas disposiciones podrían generar un escenario en el que cualquier ciudadano quede expuesto a sospechas e intervenciones policiales.

“Hoy, con esta regresión de este paquete de leyes que manda el Ejecutivo, lo que estamos viendo es un estado de excepción [...] en donde hoy, a diferencia de aquel título de Gabetta, todos empezamos a ser sospechosos”, manifestó.

Según su planteo, el proyecto desplaza la atención desde las estructuras económicas y financieras que sostienen los mercados ilegales hacia las personas que circulan cotidianamente por las calles.

En ese sentido, diferenció el control sobre los ciudadanos de las investigaciones necesarias para desarticular organizaciones vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y la comercialización ilegal de dispositivos electrónicos.

“Esto es apretar hacia abajo, esto tiene más que ver con el control social que con la seguridad”, sintetizó.

La comparación con la legislación policial de 1975

Otro de los pasajes más duros del discurso estuvo relacionado con las atribuciones policiales contempladas en la normativa provincial de 1975, que Del Frade utilizó como referencia para cuestionar el alcance de las nuevas facultades.

El diputado reclamó una discusión integral sobre la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe y cuestionó que se continúen incorporando modificaciones parciales a una estructura normativa que considera desactualizada.

“Algún día tenemos que discutir una nueva Ley Orgánica de Policía, porque lo que estamos haciendo es sumar remendones y remendones que después terminan durando poco”, señaló.

En su exposición, advirtió sobre las similitudes que observa entre algunas disposiciones del proyecto y los mecanismos de actuación policial utilizados durante los años previos a la última dictadura militar.

“La ley de 1975 establecía con absoluta claridad que la Policía se podía hacer cargo de cualquier tipo de allanamiento, de cualquier tipo de detención porque después todo se lo iba a justificar”, afirmó.

También recordó los procedimientos que aparecían en los partes policiales y militares de mediados de la década de 1970.

“Es lo que hoy estamos leyendo como proyecto de ley en el año 2026, 50 años después”, sostuvo.

Para el legislador, el paquete representa un retroceso en materia institucional y supone otorgar mayores atribuciones a la Policía sin garantizar controles suficientes sobre su actuación.

“Es un fenomenal retroceso y es darle poder a la Policía sobre los derechos y las garantías individuales y sobre los derechos y las garantías sociales y colectivas. Estamos absolutamente en contra”, enfatizó.

Críticas a Pullaro por las presiones sobre la Legislatura

Del Frade también apuntó contra la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial. Consideró que las diferencias surgidas durante el tratamiento de las iniciativas reflejan una actitud de imposición del gobierno de Pullaro sobre los representantes parlamentarios.

En ese contexto, expresó su solidaridad con legisladores del radicalismo y del socialismo que integran el oficialismo, al considerar que recibieron presiones para acompañar los proyectos.

“Esto tiene mucho que ver también con la prepotencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo”, afirmó.

Y agregó: “Me estoy solidarizando incluso con los legisladores del bloque oficialista, sean tanto del radicalismo como del socialismo, que reciben imposiciones del Poder Ejecutivo para devolverle a la Policía, vaya a saber por qué, una serie de nuevas atribuciones”.

Hacia el cierre, insistió en que los integrantes del oficialismo debieron soportar “presiones increíbles, casi irracionales, de parte del Poder Ejecutivo”.

La baja de homicidios y los interrogantes sobre la política de seguridad

El diputado también incorporó al debate los indicadores de violencia registrados en Santa Fe y reconoció la disminución de los homicidios, aunque aclaró que ese resultado no implica necesariamente la necesidad de ampliar las facultades policiales.

“Ante una disminución de homicidios en la cual todos coincidimos en las cifras, después habrá que discutir el porqué, pero todos coincidimos en la disminución de los homicidios”, expresó.

A partir de ese reconocimiento, cuestionó cuáles son los motivos que llevan al Ejecutivo a impulsar nuevas atribuciones para la fuerza policial en el actual contexto.

En uno de los cuestionamientos políticos más directos de su intervención, sugirió que la decisión podría estar relacionada con compromisos del gobierno provincial con la institución policial.

“Esta nueva licencia que se da a la Policía para que maneje las calles tiene que ver con una deuda muy grande que siente este Poder Ejecutivo con la Policía. Algún día habrá que investigar cuál es esa deuda que tiene el Poder Ejecutivo con la Policía de la provincia de Santa Fe”, manifestó.

Un rechazo que excede el debate sobre los celulares robados

En el cierre de su exposición, Del Frade volvió sobre el argumento central de su rechazo: la necesidad de distinguir entre las herramientas destinadas a investigar organizaciones delictivas y aquellas que pueden ampliar la capacidad de intervención policial sobre la población.

El legislador insistió en que combatir el comercio ilegal de teléfonos celulares no debería convertirse en una justificación para habilitar mayores facultades discrecionales sin controles ni garantías suficientes.

“No se trata de una cuestión que vaya a tratar de desarticular los mercados ilegales de los teléfonos celulares robados. Se trata de darle mayor poder a una Policía de tristísima historia reciente como es la Policía de la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Finalmente, ratificó su voto negativo y dejó planteada una discusión que excede el contenido específico de los proyectos: cuáles deben ser los límites del poder policial, qué mecanismos de control deben acompañar las políticas de seguridad y cómo garantizar que la prevención del delito no avance sobre los derechos y las garantías constitucionales.