Las constructoras apuran una definición de Perotti por la deuda en obra pública

La ralentización de la obra pública santafesina, con deudas incluidas a contratistas, sigue siendo un problema que no logra enlazar el gobierno provincial. La alternativa de un reperfilamiento de pagos no termina de concretarse mientras el contexto inflacionario agrava la ecuación mes a mes. Esta semana se espera una definición del gobernador Omar Perotti luego de su vuelta de una misión comercial por el norte de África para darle un abordaje integral a un tema al que se le ha sumado la cuestión electoral.

Los pagos atrasados de los certificados se arrastran desde enero y febrero. La semana pasada se cancelaron algunos referidos a proyectos viales, pero el resto de las obras, como escuelas y hospitales, aún están en el debe provincial. Todo lo referido a lo vial quedó en stand by, mientras que el resto se mantiene en un nivel muy bajo de ejecución esperando señales oficiales.

Los pagos que cancelaron, "menores" según el sector privado, son pensados por el gobierno provincial para que las empresas que tengan varios trabajos en marcha no dejen de cobrar, sobre todo aquellas obras que estén por finalizar. Todo esto en el marco de un replanteo aún en veremos del nivel de ejecución dentro de las posibilidades de pago.

Hay un punto en el que se detienen las contratistas: los certificados adeudados del verano ya fueron redeterminados, es decir, ya se actualizaron en su momento, pero, al no cancelarse volvieron a perder frente a la inflación. Según confirmaron en el gobierno provincial, la llegada durante el fin de semana largo del gobernador de una misión comercial aceleró reuniones para esta semana con los funcionarios pertinentes.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) está encima del tema y mantiene diálogo fluido con la ministra de Infraestructura Silvina Frana, pero ven que la decisión final la tienen el gobernador y el ministro de Economía, Walter Agosto. Por eso es que esperaban el retorno del mandatario.

“El peor escenario es la incertidumbre. Queremos saber si van a pagar o no, pero no saber qué decisión van a tomar es complejo. No sólo por la inversión, sino por la mano de obra”, explicó a este medio el experimentado titular de una constructora que tiene en manos obras provinciales.

Entre los empresarios el ambiente empieza a calentarse y ya dan vuelta el reloj de arena para reclamar una solución que llegue durante esta semana. Al menos un avance. Las constructoras miran el calendario y ven, en primer término, el proceso electoral y luego la transición de gobierno, un lapso en el que históricamente se especula por quién paga las obras ejecutadas o a medio terminar. Así sucedió cuando Miguel Lifschitz dejó la gobernación en 2019 y Perotti lo acusó de dejar de pagar certificados, lo que usó como argumento para cambiarlos por bonos.

Es más, hace diez días, la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Infraestructura giró un texto interno donde se explicaron los lineamientos a seguir ante el escenario adverso y tocaron aquel episodio. “En marzo la Provincia canceló el bono de consolidación que solucionó el cúmulo de deudas que la gestión anterior nos transfirió y además se canceló la segunda cuota de 128 millones de dólares de un crédito internacional obtenido por el anterior gobierno”, resalta el informe.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Borrego Facundo.