


Se estima que al menos 13.000 personas acudan a la capital peruana el próximo 19 de julio para formar parte de la Tercera Toma de Lima, una convocatoria de manifestaciones masivas contra el Gobierno de Dina Boluarte. La reacción del Gobierno ha incrementado el clima de tensión social. A pocos días de la convocatoria, un proyecto del Ejecutivo que contempla elevar los delitos en estado de emergencia espera ser debatido en el Congreso. Para los especialistas, se trata de una acción directa contra las movilizaciones.
El Ministerio del Interior también ha lanzado un plan de despliegue policial en la capital, con el supuesto objetivo de evitar el ingreso de personas vinculadas a organizaciones delictivas en el contexto de las protestas. El descontento social contra el Gobierno de Boluarte acompañó a la presidencia desde el inicio del mandato, luego de la destitución de Pedro Castillo. El 15 de junio pasado, la gobernante anunció que descartará la posibilidad de adelantar las elecciones, extendiendo su mandato hasta 2026.
Fuente: El País






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