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Caso Spaggiari: Los hermanos Matías y Fernando y la madre de estos, Mirta Condotto, seguirán presos en la estafa más grande de la historia de Rafaela

RAFAELA 30/10/2023 Ramiro FORTIS
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Fue sin duda alguna una jornada maratónica, comenzó temprano a la mañana y finalizó cuando se asomaba el nuevo día. 
A las 14 horas hicieron un "recreo" y fiscales y defensores coincidieron en le Bar 356 para almorzar, aunque sentados en mesas separadas, a menos de 5 metros se miraron varias veces de reojo y algunos comensales nos cuentan que el optimismo de los defensores era evidente , uno de ellos llegó a decir: "Salen todos en libertad, estoy seguro, no existe razón para que así no sea, te lo aseguro, vos confía en mi".

También del lado de los fiscales se escucharon voces de cómo terminaría la jornada. Dicen que Loyola le dijo a sus ayudantes: "Imposible que estos tipos salgan hoy en libertad, los delitos son muchísimos y la operatoria es claramente una estafa a partir de una asociación ilícita, por mi experiencia les puedo asegurar que ni Zafaroni se animaría a dejarlos libres".

Cuando se reanudó la jornada la expectativa estaba puesta en los argumentos de la defensa, pero tan pronto como se inició la misma, los viejos caminantes de los pasillos de calle Alvear se miraron entre ellos y por lo bajo susurraron "hay tres que no zafan".

Así fue , los argumentos de la fiscalía fueron contundentes y los de la defensa no convencieron y dejaron muchas dudas. El Juez entendió que hay peligro de fuga e entorpecimiento probatorio y que la pena expectativa puede llevar a los hermanos Spaggiari y a su madre, Mirta Condotto, a pasar una buena temporada tras las rejas, por lo que seguirán presos y embargados por una suma híper millonaria, quizá nunca vista en la historia delictiva de Rafaela. Sin lugar a dudas estamos ante la estafa más grande de la historia misma de la ciudad. Esto recién comienza, en la semana seguramente ingresarán más denuncias.

La crónica del día 


En una maratónica audiencia que comenzó en la sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, a partir de las 8.00 de la mañana de ayer y se extendió por el lapso de 15 horas y media (terminó a las 23.30), el juez de investigación penal preparatoria (IPP) Dr. Gustavo Bumaguín resolvió y fundamentó oralmente -describiendo los pormenores de las actividades de cada uno de los imputados y su posible ilegalidad-, medidas cautelares a 8 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, estas últimas en la modalidad conocida como “sistema Ponzi” o “estafa piramidal”.
Como publicamos en la edición de la víspera la megacausa por estafas tiene como imputadas a 8 personas -tres mujeres y cinco hombres- de una inmobiliaria local, que funcionaba también tomando inversiones de ahorristas en pesos y dólares, conocida como Grupo Spaggiari, ubicada en calle Ayacucho 56 de Rafaela, que no estaba autorizada a tal fin.
Los ocho imputados fueron detenidos el lunes de esta semana en el marco de allanamientos realizados en Rafaela y alrededores.

IMPUTADOS
Las mujeres fueron identificadas como Mirta Ofelia C. –madre de los principales imputados- de 71 años; Carolina Rocío S. de 22 años y Myriam Marcela B. de 54 años. Por su parte, los hombres son Matías Germán S. de 45 años; Fernando Luis S. de 48 años; Germán Darío G. de 49 años; Cristian Ezequiel C. de 39 años y Gabriel Lorenzo U. de 56 años y radicado en Sunchales.
Matías Germán S. de 45 años y Fernando Luis S. de 48, que son hermanos, son los que presentaban la situación más comprometida, ya que se les atribuyó la asociación ilícita en carácter de Jefes, mientras que a las otras seis personas se les endilgó el mismo delito como miembros. Además, a las 8 personas se les atribuyó la autoría de estafas reiteradas, según surgió de la misma audiencia imputativa.
Formaron parte de la instancia judicial, el juez Dr. Gustavo Bumaguín; por parte de la sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5 el Dr. Guillermo Loyola. En la defensa técnica de los imputados se observó la presencia de los Dres. José María Silvela, Cecilia Alamo, Andrés Colón, Juan Manuel Lovaiza, y Federico Scarinci; en tanto que se presentaron por la parte querellante los Dres. Pablo Mosconi, Enrique Soffietti, Alejo Yeremieff, Matías Lazzaga, y Carlos Martino Navarro, entre otros.

INFORME DE 
LA FISCALÍA
Según lo ventilado en la audiencia de la víspera por el fiscal Loyola, el total de víctimas ya se contabilizaba en 85 personas por aproximadamente 173 estafas lo cual fue añadido al legajo penal en un primer momento cuando se realizó una ampliación de audiencia imputativa. Se informó asimismo que existen al menos 112 denuncias más que todavía no fueron imputadas, de las cuales se pudieron procesar hasta el viernes 64 y hay otras 48 agendadas con turnos hasta el día martes próximo, según informó la Fiscalía.
Otro dato de importancia también fue aportado por el fiscal Loyola, en cuanto a que a “grosso modo” los montos de la estafa referidos a capital hasta el momento se encuentran en el orden de $669.000.000 de pesos, discriminados en U$S 1.777.000 (dólares) y $41.000.000 de pesos. A la suma total se llega pesificando el monto en dólares al tipo de cambio oficial ($353) aproximadamente. Aunque la proyección sería considerablemente mayor ya que se hablaba de un monto de ocho cifras en dólares aún no determinado.
Asimismo en el transcurso de su exposición el fiscal Loyola brindó información valiosa referida a la investigación tal como que, “la entrada constante del flujo de inversiones fue durante 7 años sin cesar”, “después no hubo ingreso de nuevos inversionistas, aduciendo desde el Grupo investigado que ‘todo lo habían invertido y estaba en propiedades´”, es decir que no se contaba con liquidez en dólar billete para realizar los pagos a los inversionistas.
Se dijo además que, “las garantías terminaron siendo 7 inmuebles que incluso de algunos de ellos los imputados no eran los titulares”, reflejando esto la mala fe en cuanto al accionar de los imputados: “No se puede desconocer lo que se estaba haciendo. Estamos hablando de gente instruida” dijeron desde la acusación, por lo que finalmente el fiscal Loyola adelantó que pediría prisión preventiva para todos los imputados.

INTERVENCIÓN DEL
JUEZ BUMAGUIN
Pasadas las 14 horas de audiencia -después de las 22.00- el juez Gustavo Bumaguín comenzó a desmenuzar la madeja, resolviendo los roles, responsabilidades legales y penas en expectativa para los distintos imputados además de las medidas cautelares que recaerían sobre cada uno de ellos teniendo en cuenta las penas en expectativa y los peligros procesales para cada imputado.
Así el Juez resolvió dictar prisión preventiva para los hermanos Fernando y Matías S., en tanto que a su madre Mirta C. le fue dictada idéntica medida pero con la modalidad de prisión domiciliaria debido a su edad. Para el resto de los imputados el juez dispuso libertad bajo reglas de conducta e inhibición de bienes, variando los montos para cada imputado.
Así en la última hora de audiencia -después de las 22.30- el juez consideró que “entiendo que sí hubo «Sistema Ponzi» y captación de capitales". También consideró que, “todos los imputados concursaban en todas las estafas aún sin haber intervenido”. Finalmente el juez consideró que, “en cuanto a la autoría de la estafa, discrepo con la Fiscalía, ya que la atribución delictiva debería ser individual por haber participado los imputados en diferentes hechos". “Indudablemente habrían participado de la asociación ilícita Germán Darío G. de 49 años; Gabriel Lorenzo U. de 56 años; Mirta Ofelia C. –madre de los principales imputados- de 71 años; y los hermanos Matías Germán S. de 45 años y Fernando Luis S. de 48”, precisó Bumaguín. “Por lo expresado -siguió el Juez- se encuentran acreditados los hechos, extremos y las atribuciones legales, pero no que todos participaron de igual modo”.
En cuanto a la pena en expectativa -necesaria para valorar el peligro de fuga principalmente- el Juez dijo que, “los hermanos Matías y Fernando S. tienen una pena en expectativa mínima de 5 años de prisión, y el resto de los imputados de 3 años de prisión, todas de efectiva ejecución”, señaló. Por lo que consideró que “en cuanto a los peligros procesales -fundamento de la prisión preventiva- existe peligro de fuga y entorpecimiento probatorio de los hermanos S. y su madre Mirta C. También la capacidad de ocultar activos, maniobras, dinero y documentación”.
Finalmente el Juez consideró que, “en el caso del resto de los imputados como miembros, ni Fiscalía ni Querella explicaron cómo podrían entorpecer el proceso futuro, ni sus arraigos. En estos casos los peligros procesales pueden ser resguardados con reglas de conducta”, dijo.

PRISIÓN PREVENTIVA 
Y RESOLUCIONES
Así el juez Gustavo Bumaguín decidió que se encuentran acreditados los requisitos para resolver: “prisión preventiva de los hermanos Fernando Luis S. y Matías Germán S. por el tiempo que dure el proceso y la prisión preventiva domiciliaria de su madre Mirta Ofelia C. por la situación de la edad y su alojamiento”.
Asimismo dispuso “la libertad de Myriam Marcela B., Cristian Ezequiel C., Germán Darío G., Carolina Rocío S., y Gabriel Lorenzo U., bajo las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio que no podrán variar sin autorización del juez de IPP, nombrar un cuidador, fijar una fianza personal por la suma de $50 millones, prohibición de contacto o acercamiento con las víctimas y testigos de la presente causa en un radio de 200 metros, firmar semanalmente en la Comisaría que le corresponda, prohibición de salir del país debiendo librarse los oficios respectivos”.
Continuó: “disponer la inhibición general de bienes respecto a los imputados Fernando Luis S. y Matías Germán S., como así también de las firmas Grupo Spaggiari SRL, QS Open Aberturas SRL, y GS Block SRL por la suma de $234.385.019 pesos cada uno más el 50% estimado provisoriamente por intereses y costas del proceso, y disponer la inhibición general de bienes de los imputados Mirta Ofelia C., Germán Darío G., Myriam Marcela B., Carolina Rocío S., Gabriel Lorenzo U., Cristian Ezequiel C., por la suma de $33.483.574 pesos cada uno más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso”.

Con información de La Opinión 

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