Milei prepara una reforma para agilizar la designación de jueces de la Corte Suprema

• El Gobierno prepara un decreto para modificar el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema.
• La reforma busca acelerar la cobertura de las dos vacantes existentes en el máximo tribunal.
• Se eliminará la instancia de participación ciudadana previa dentro del Poder Ejecutivo.
• También desaparecerán las recomendaciones sobre género, especialidad jurídica y representación regional.
• Los antecedentes de los candidatos dejarán de publicarse en medios gráficos y quedarán disponibles en formato digital.
• El proyecto incorpora nuevos controles patrimoniales, fiscales y previsionales para los postulantes.

El Gobierno nacional se dispone a introducir cambios significativos en el mecanismo de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. A través de un decreto que será publicado en los próximos días, el presidente Javier Milei buscará modificar aspectos centrales del procedimiento vigente con el objetivo de acelerar la cobertura de las vacantes existentes en el máximo tribunal del país.

La iniciativa fue elaborada en el ámbito del Ministerio de Justicia y apunta a reformular las etapas previas a la nominación de candidatos por parte del Poder Ejecutivo. Según trascendió, la intención oficial es simplificar los procesos administrativos y reducir los tiempos necesarios para completar las designaciones en una Corte que actualmente funciona con tres integrantes sobre un total de cinco cargos.

La situación se originó tras las salidas de la jueza Elena Highton de Nolasco en 2021 y del ministro Juan Carlos Maqueda en 2024. Desde entonces, las vacantes permanecen sin cubrir, una circunstancia que ha generado preocupación en distintos sectores vinculados al sistema judicial debido a la relevancia institucional del tribunal.

Uno de los cambios más importantes previstos en la reforma es la eliminación de la instancia de participación ciudadana que actualmente se desarrolla dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, el Decreto 222/03 establecía que, una vez anunciado un candidato para integrar la Corte Suprema, se abría un período de quince días durante el cual ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y colegios profesionales podían formular observaciones, apoyos o impugnaciones.

Con la nueva normativa, ese procedimiento dejará de existir. La posición oficial sostiene que dicha etapa genera una duplicación innecesaria de mecanismos de control, ya que posteriormente el Senado de la Nación también habilita instancias para recibir objeciones y opiniones cuando analiza los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, el Presidente podrá remitir directamente las postulaciones a la Cámara Alta sin atravesar previamente ese filtro administrativo. El cambio aparece como uno de los aspectos más debatidos de la reforma debido al papel que históricamente desempeñó la participación ciudadana en los procesos de selección de magistrados de la Corte.

La iniciativa también prevé modificaciones en los criterios orientativos que desde hace más de dos décadas regulaban las nominaciones presidenciales. El decreto eliminará las recomendaciones que sugerían contemplar aspectos vinculados con la diversidad de género, la especialización jurídica y la representación regional al momento de proponer candidatos.

Estas pautas habían sido incorporadas como parte de un sistema de autolimitación presidencial destinado a promover una integración más equilibrada del máximo tribunal. Con la reforma, el Ejecutivo ya no estará sujeto a esas referencias al momento de evaluar posibles postulantes.

Otro de los cambios contempla una modificación en la difusión pública de los antecedentes de los candidatos. Hasta ahora, esa información debía ser publicada tanto en el Boletín Oficial como en medios gráficos de circulación nacional. Con el nuevo esquema, los antecedentes quedarían disponibles únicamente a través de los canales digitales del Ministerio de Justicia.

Mientras algunos sectores interpretan esta medida como una simplificación administrativa acorde con los nuevos formatos de comunicación institucional, otros advierten que podría reducir la visibilidad pública de los procesos de selección.

Paralelamente, el proyecto incorpora nuevos controles de carácter técnico. Entre ellos figura la obligación de que los postulantes presenten sus declaraciones juradas patrimoniales dentro de un plazo máximo de cinco días. Asimismo, se establecerá por primera vez un período determinado para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero informe sobre la situación fiscal y previsional de cada candidato.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca agilizar procedimientos en un Poder Judicial que registra un elevado número de vacantes y que necesita acelerar los mecanismos de cobertura de cargos. Sin embargo, el debate ya comenzó a instalarse en ámbitos académicos, judiciales y políticos, donde surgen interrogantes acerca del equilibrio entre rapidez administrativa y transparencia institucional.

La discusión adquiere una relevancia especial debido a que las futuras designaciones impactarán directamente en la composición y funcionamiento de la Corte Suprema, uno de los órganos más importantes del sistema republicano argentino.