Aguiar rechazó la reforma laboral del Gobierno y denunció “chantaje” en la negociación de convenios estatales

• Rodolfo Aguiar calificó como “chantaje” la convocatoria del Gobierno para renegociar convenios estatales.
• ATE aseguró que los trabajadores están dispuestos a negociar, pero sin presiones ni condicionamientos.
• El dirigente vinculó la reforma laboral con una estrategia de recorte de derechos en el sector público.
• Cuestionó el rol de la Secretaría de Trabajo, a la que acusó de alinearse con el Ejecutivo.
• Sostuvo que la negociación de convenios forma parte de un proceso más amplio de transformación laboral.
• Llamó a no aceptar la propuesta oficial por considerar que implica pérdida de derechos adquiridos.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la convocatoria impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei para renegociar los convenios colectivos del sector público en el marco de la Ley de Reforma Laboral, y la calificó como un mecanismo de presión que, según afirmó, busca forzar la pérdida de derechos laborales.

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el dirigente sindical sostuvo que la iniciativa oficial no constituye una negociación genuina, sino una forma de “chantaje” y “extorsión” dirigida a los trabajadores estatales. Según planteó, el esquema propuesto por el Ejecutivo implicaría una situación de coerción institucional orientada a inducir la firma de acuerdos que reducirían beneficios contemplados en los convenios vigentes.

Aguiar advirtió que el planteo del Gobierno se traduce en una presión directa sobre el empleo público, en un contexto en el que el Estado busca avanzar con modificaciones estructurales en la normativa laboral. En ese sentido, señaló que la convocatoria no se presenta como un proceso de diálogo entre partes en igualdad de condiciones, sino como una imposición con consecuencias laborales concretas.

El titular de ATE remarcó que los trabajadores estatales están dispuestos a discutir sus convenios colectivos, pero insistió en que cualquier instancia de negociación debe desarrollarse sin condicionamientos previos y con plena libertad de decisión. Bajo esa premisa, rechazó que se utilicen mecanismos de presión institucional para redefinir derechos adquiridos.

En su análisis, Aguiar vinculó la convocatoria oficial con lo que definió como una política más amplia de recorte de derechos en el ámbito estatal. Según expresó, las medidas impulsadas por el Ejecutivo se inscriben en un proceso de transformación del rol del Estado que, a su entender, impacta directamente sobre las condiciones laborales de los empleados públicos.

El dirigente sindical también apuntó contra el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo, a la que acusó de haber dejado de cumplir un rol de mediación en los conflictos laborales. Según su visión, el organismo habría pasado a desempeñar una función alineada con la estrategia del Poder Ejecutivo, acompañando las políticas de ajuste en lugar de actuar como árbitro entre las partes.

Aguiar sostuvo que esta situación altera el equilibrio tradicional de las negociaciones colectivas en el sector público, ya que, según argumentó, la intervención estatal no estaría garantizando condiciones de igualdad para discutir salarios, derechos y condiciones laborales.

En ese marco, el referente de ATE advirtió que la renegociación de los convenios no puede ser analizada como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia integral del Gobierno orientada a modificar el esquema de derechos laborales vigente. Para el dirigente, esta política tendría como objetivo central flexibilizar las condiciones de empleo en la administración pública.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno nacional y los gremios estatales, que vienen manifestando su rechazo a distintas iniciativas vinculadas a la reforma laboral. Desde ATE, en particular, se reiteró la postura de no aceptar modificaciones que impliquen una reducción de derechos sin un proceso de negociación considerado legítimo.

Finalmente, Aguiar llamó a los trabajadores a no convalidar lo que definió como un proceso de pérdida de derechos. Según expresó, la renegociación propuesta por el Ejecutivo forma parte de un esquema más amplio de reformas que, a su juicio, afectan conquistas históricas del sector estatal y debilitan las garantías laborales vigentes.