Vásquez defendió la Base Naval y cuestionó al kirchnerismo

• Patricia Vásquez defendió la construcción de la Base Naval Integrada como una obra estratégica para Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y la Antártida.
• La diputada cuestionó al kirchnerismo por atribuirse el origen del proyecto y sostuvo que la iniciativa debe avanzar más allá de la disputa política.
• El Gobierno reasignó US$142 millones para reactivar la obra, mientras que la inversión total estimada se ubica entre US$400 millones y US$500 millones.
• Pablo Quirno y Carlos Presti recorrieron el predio de la futura base junto al gobernador Gustavo Melella.
• Vásquez respaldó las medidas vinculadas con la soberanía sobre Malvinas y las sanciones a empresas petroleras que operen en las islas.
• La legisladora vinculó la necesidad de auditar el Estado con sus críticas al manejo económico y político de las administraciones kirchneristas.

La diputada nacional Patricia Vásquez respaldó la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y sostuvo que la obra debe avanzar como parte de una estrategia destinada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y proyectar capacidades logísticas hacia la Antártida. Al mismo tiempo, cuestionó al kirchnerismo por atribuirse el origen de la iniciativa y vinculó la discusión con la necesidad de revisar el uso que se hizo de los recursos públicos durante los últimos años.

La legisladora de La Libertad Avanza planteó que una de las principales dificultades para ordenar el Estado consiste en detectar irregularidades acumuladas en distintas áreas de la administración. En ese sentido, afirmó que es necesario realizar auditorías, controles y revisiones permanentes para identificar el destino de los fondos y determinar cómo funcionaron los mecanismos de manejo presupuestario.

“Levantás la alfombra y salta un enano de corrupción”, sostuvo Vásquez al describir la situación que, según su visión, encontró el actual Gobierno. La diputada utilizó esa expresión para remarcar que las dificultades no se concentran en un único sector, sino que abarcan diferentes estructuras y circuitos administrativos que deben ser revisados antes de poder avanzar con una reorganización profunda del Estado.

El debate también alcanzó a la Base Naval Integrada que el Gobierno busca reactivar en Tierra del Fuego. El viernes 11 de septiembre, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti viajaron a la provincia para recorrer el terreno destinado al proyecto y fueron recibidos por el gobernador Gustavo Melella. La obra apunta a convertir a Tierra del Fuego en un punto estratégico para las operaciones logísticas vinculadas con el Atlántico Sur y la Antártida.

La discusión política se concentra, en buena medida, en el origen del proyecto. Desde el kirchnerismo sostienen que la iniciativa comenzó durante la presidencia de Alberto Fernández, mientras que Vásquez defendió que la actual administración avance con su ejecución independientemente de quién haya impulsado inicialmente la idea.

La reactivación contempla por ahora una reasignación presupuestaria de US$142 millones, establecida mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial. Ese monto representa aproximadamente el 30% del costo total previsto para la obra, que se ubica entre US$400 millones y US$500 millones. De esta manera, el Poder Ejecutivo todavía deberá determinar cómo financiará el porcentaje restante de la inversión.

Para Vásquez, la discusión sobre el origen político del proyecto no debería desplazar el objetivo estratégico. La construcción de infraestructura militar y logística en el extremo sur es presentada por el oficialismo como una herramienta para reforzar la presencia argentina en una zona considerada clave por su proximidad con la Antártida y por su relación con los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

La diputada también expresó su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas. En particular, destacó las sanciones previstas para empresas petroleras que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.

En paralelo, Vásquez profundizó sus críticas al kirchnerismo al referirse al manejo económico de la última administración del Frente de Todos. Señaló que la Argentina cuenta con importantes recursos y sostuvo que las políticas aplicadas durante ese período estuvieron caracterizadas, según su interpretación, por una expansión monetaria sin control y por prácticas que terminaron perjudicando a los ciudadanos.

La legisladora cuestionó además el uso político de la pobreza y sostuvo que determinadas políticas sociales fueron utilizadas como argumento para justificar decisiones económicas que, desde su perspectiva, terminaron afectando los ingresos de la población. En ese marco, vinculó la situación heredada por la actual administración con la dificultad de implementar cambios estructurales.

Su planteo combinó así dos ejes: la defensa de una obra considerada estratégica para el posicionamiento argentino en el extremo sur y una crítica al funcionamiento del Estado durante los gobiernos anteriores. Para Vásquez, ambos asuntos están relacionados con una misma discusión: cómo recuperar capacidad estatal, controlar el destino de los recursos y orientar el gasto público hacia objetivos considerados prioritarios para el país.