La Justicia reactivó la venta de SanCor y destrabó la licitación de sus plantas y marcas

• La Justicia reactivó la licitación para vender las seis plantas industriales y las marcas de SanCor.
• El proceso continuará con el pliego original, aunque incorporará modificaciones ordenadas por la Cámara de Rafaela.
• El precio base para la venta del conjunto completo se mantiene en USD 52,1 millones.
• Los informes de valuación quedarán disponibles sin costo para ampliar la competencia entre los oferentes.
• La planta de Sunchales y dos marcas permanecerán en la licitación mientras se resuelve su titularidad definitiva.
• Diez empresas conservarán su condición de participantes para competir por los activos de la histórica cooperativa láctea.

La Cámara de Apelaciones de Rafaela reactivó este jueves el proceso de venta de los activos de SanCor y habilitó la reapertura de la licitación para comercializar las seis plantas industriales y el paquete de marcas de la histórica cooperativa láctea. La decisión pone fin a poco más de dos meses de paralización judicial y permite que el procedimiento continúe sin necesidad de reiniciarlo desde cero, aunque con una serie de modificaciones destinadas a fortalecer las garantías del proceso.

La resolución fue firmada por los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail apenas dos días después de que la causa quedara en condiciones de ser resuelta. Con este fallo, la Justicia confirmó la continuidad del esquema general aprobado en junio, pero introdujo correcciones sobre la valuación de los activos, el acceso a la información para los interesados y el tratamiento de bienes cuya titularidad continúa bajo discusión.

La licitación había quedado suspendida desde el 3 de julio, cuando la propia Cámara decidió revisar diversas impugnaciones presentadas contra el pliego elaborado durante la primera instancia. El principal debate giró en torno a la conveniencia de vender las plantas industriales y las marcas por separado o como una única unidad económica.

Quienes cuestionaban el pliego sostenían que fragmentar la venta reduciría significativamente el valor de los activos. Argumentaban que las fábricas perderían atractivo sin las marcas bajo las cuales históricamente produjeron, mientras que las marcas podrían quedar desvinculadas de la actividad industrial si eran adquiridas por otro comprador.

Al fundamentar su decisión, el tribunal destacó que el paso del tiempo tiene un impacto directo sobre una quiebra de estas características, ya que el deterioro de los activos, el mantenimiento del proceso concursal y la demora en el cobro de los acreedores incrementan los costos mientras se posterga una definición. Actualmente están involucrados más de 1.500 acreedores y permanecen en juego 914 puestos de trabajo, aunque desde la declaración de quiebra ya se desvincularon 736 empleados.

Cinco apelaciones impulsaron la revisión del procedimiento. Entre ellas figuraban los cuestionamientos del síndico Juan Luis Tomat respecto de la elaboración del pliego y de las tasaciones; la impugnación presentada por Fidulac, del empresario Gustavo Scaglione, sobre la posibilidad de vender los activos de manera fragmentada; y los reclamos vinculados con la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, cuya titularidad permanece ligada a fideicomisos de garantía constituidos en 2016.

La Cámara rechazó los planteos que pretendían anular completamente el proceso, aunque aceptó parcialmente varios recursos para introducir ajustes considerados necesarios. Según los camaristas, las modificaciones benefician al procedimiento en su conjunto y no implican que alguna de las partes resulte plenamente vencedora.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que los compradores paguen en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior, manteniendo inalterados los precios base expresados en dólares. El valor mínimo para adquirir el conjunto completo continúa fijado en USD 52,1 millones, compuesto por USD 27,4 millones para las seis plantas y USD 24,7 millones para las marcas.

Además, el tasador oficial deberá ampliar su informe incorporando el valor probable de mercado de cada activo y del conjunto, así como el impacto que tuvo el incendio registrado en junio de 2026 sobre la planta de Sunchales, cuyo precio base ya había sido reducido.

Otra modificación relevante elimina las restricciones de acceso a los informes de valuación. Desde ahora, toda la documentación técnica quedará disponible en el expediente sin necesidad de abonar el arancel previsto para acceder al denominado data room, una decisión que busca ampliar la competencia entre los potenciales oferentes.

El fallo también estableció un mecanismo específico para resolver la situación de los bienes cuya propiedad continúa judicialmente discutida. La planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida permanecerán dentro de la licitación, pero el dinero correspondiente a esos activos quedará depositado en una cuenta judicial hasta que exista una sentencia definitiva sobre su titularidad.

Al momento de la suspensión ya había diez empresas inscriptas como interesadas en participar de la licitación, entre ellas Savencia, Adecoagro, Elcor, Punta del Agua, La Tarantela y Fidulac. Todas conservarán su condición de oferentes sin necesidad de adquirir nuevamente el pliego.

La reanudación del proceso marca un nuevo capítulo para SanCor, cuya quiebra fue decretada el 22 de abril, después del fracaso del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, en medio de una deuda superior a los USD 120 millones y cientos de reclamos de acreedores.