



- La oposición buscará reunir el martes las firmas necesarias para dictaminar sobre la morosidad.
- El emplazamiento aprobado el 26 de agosto fijó el 29 de septiembre como fecha límite para avanzar con los dictámenes.
- Unión por la Patria negocia con los bloques que acompañaron el emplazamiento para alcanzar un dictamen de mayoría.
- El proyecto opositor propone una emergencia de 180 días, con posibilidad de prórroga, y límites para tasas, gastos y comisiones.
- La iniciativa contempla refinanciaciones de hasta 36 meses y elimina los intereses punitorios, pero mantiene capital e intereses compensatorios.
- El debate se produce mientras unas seis millones de personas registran atrasos superiores a tres meses en sus obligaciones crediticias.
La oposición buscará este martes 29 de septiembre reunir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen sobre un proyecto destinado a abordar el problema de la morosidad. El plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia será la última instancia antes de la firma de los dictámenes, de acuerdo con el emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto.
Un diputado de Unión por la Patria confirmó que existen negociaciones con los distintos bloques que respaldaron aquel emplazamiento. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita convertir la propuesta opositora en un dictamen de mayoría durante la reunión prevista para el martes.
Los 133 votos que permitieron aprobar el emplazamiento reunieron a distintos sectores de la oposición. Entre ellos estuvieron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. También acompañaron Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia y la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad.
A partir de ese respaldo comenzó una nueva ronda de conversaciones para intentar trasladar los acuerdos alcanzados en el recinto al trabajo de las comisiones. Unión por la Patria terminó de definir su propuesta después de varias instancias de negociación y extendió el diálogo a los referentes de los espacios que habían acompañado el emplazamiento.
Pablo Juliano, autor de otra iniciativa sobre la problemática, se convirtió en uno de los principales articuladores de esas conversaciones. El diputado negocia en nombre propio y junto con un grupo de legisladores de Provincias Unidas, mientras que también mantiene conversaciones con representantes de la Coalición Cívica.
En el esquema de negociaciones también participan Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y Yolanda Vega y Bernardo Biella, de Argentina Federal. Sus firmas son consideradas necesarias para que la oposición pueda alcanzar un dictamen de mayoría en las comisiones que debatirán la iniciativa.
La situación es diferente para otros bloques que acompañaron el emplazamiento. El Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia no cuentan con vocales en ninguna de las dos comisiones, por lo que sus firmas no serán necesarias para la elaboración del dictamen. Sus votos, sin embargo, tendrán relevancia en caso de que la iniciativa avance posteriormente al recinto.
El proyecto que Unión por la Patria busca consensuar establece una emergencia por 180 días, con posibilidad de extenderla por otro período de igual duración. Entre sus principales disposiciones figuran límites para las tasas de interés nominales aplicadas a tarjetas y billeteras, además de topes para gastos y comisiones.
La iniciativa también contempla planes de refinanciación de hasta 36 meses, de acuerdo con el monto de las deudas. Otro de los puntos centrales es la eliminación del 100% de los intereses punitorios, aunque se mantendrían tanto el capital adeudado como los intereses compensatorios.
El proyecto incorpora además una herramienta vinculada con las billeteras digitales. Defensa del Consumidor podría exigir la apertura del algoritmo utilizado para determinar las tasas que se aplican a cada usuario en función de su evaluación individual.
Mientras la oposición intenta avanzar con su propuesta, La Libertad Avanza mantiene bajo reserva su propio proyecto. Hasta el momento, los principales lineamientos que trascendieron están vinculados con advertencias a los usuarios, educación financiera, concientización y mecanismos de doble autenticación.
El debate parlamentario se desarrolla mientras la morosidad registra un fuerte crecimiento. Según los datos incluidos en el material, unas seis millones de personas se encuentran actualmente en mora por atrasos superiores a tres meses. La situación alcanza al 12,8% de los créditos bancarios y al 25% de los préstamos otorgados por billeteras y otras plataformas de tecnología financiera.
Entre febrero de 2024 y julio de 2026, el volumen de créditos aumentó un 8%, mientras que la cantidad de personas en situación de morosidad creció un 80%, al pasar de 3,3 millones a seis millones.
Con ese escenario como telón de fondo, el plenario del martes tendrá como principal objetivo definir si los distintos sectores logran reunir las firmas necesarias para avanzar con los dictámenes. Las negociaciones continuarán hasta la reunión, mientras cada bloque evalúa el alcance de las propuestas y su posición frente al problema del endeudamiento.




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