Picada fatal: Bottero habla de “asignatura pendiente”, lo que en realidad es una incapacidad de gestión

Resumen

• Una muerte que obliga a preguntar qué hicieron antes las autoridades. El fallecimiento de un adolescente de 16 años en inmediaciones del Autódromo vuelve a poner en evidencia la gravedad de la inseguridad vial en Rafaela.

• Viotti y Bottero deben dar explicaciones. Desde R24N venimos reclamando medidas concretas para enfrentar las picadas clandestinas, las maniobras peligrosas y el descontrol de motociclistas.

• Anunciar un programa para el verano no alcanza. La prevención debe llegar antes de las tragedias, no después de que una familia pierde a un hijo.

• La responsabilidad política no se resuelve con lamentos. Gobernar significa anticiparse, gestionar y utilizar las herramientas del Estado para proteger a los ciudadanos.

• La Justicia debe evaluar si corresponde investigar responsabilidades. Cuando existen advertencias previas y posibles omisiones en el ejercicio de la función pública, es legítimo exigir que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades que correspondan.

Hay situaciones que producen una profunda impotencia, indignación y bronca. No solamente por la tragedia que representan, sino porque muchas veces dejan flotando una pregunta tan dolorosa como inevitable: ¿se podría haber hecho algo antes para evitarla?

Cuando un gobierno reacciona después de una tragedia, cuando los funcionarios anuncian que ahora sí van a diseñar un programa, que ahora sí van a reforzar los controles y que ahora sí van a intervenir, la sociedad tiene derecho a preguntarse por qué esas decisiones no se tomaron antes.

En materia de seguridad vial, llegar tarde puede significar una vida perdida. Y cuando una familia tiene que despedir a un hijo, las explicaciones administrativas, las promesas de temporada y los discursos posteriores no reparan el daño. No hay operativo anunciado después, conferencia de prensa ni declaración de buenas intenciones que devuelva a una madre o a un padre al hijo que perdieron.

Desde R24N venimos reclamando al intendente Leonardo Viotti y al secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, que se hagan cargo de una problemática que no apareció ayer. Lo hemos planteado reiteradamente: hay que actuar frente a las picadas clandestinas, las maniobras peligrosas, las motos sin patente, los escapes antirreglamentarios y las conductas que convierten determinadas calles en escenarios de riesgo para motociclistas, automovilistas y vecinos.

Hemos pedido gestión, controles efectivos, prevención y capacidad para encontrar soluciones. Y también hemos sostenido que, si quienes tienen a su cargo una responsabilidad no cuentan con las herramientas, los conocimientos o la capacidad necesarios para ejercerla, deben buscar asesoramiento idóneo y rodearse de personas que sepan cómo enfrentar el problema.

La seguridad de los ciudadanos no puede quedar librada a la improvisación.

Bottero lo llama una asignatura pendiente; nosotros hablamos de incapacidad para anticiparse

Después de la muerte del adolescente, Bottero reconoció públicamente que la seguridad vial es “una de las asignaturas pendientes” de la gestión y anunció que el municipio comenzará a diseñar un programa para el verano. También admitió que las reuniones de motociclistas, las picadas y las maniobras peligrosas constituyen un problema que todavía no tiene una solución definitiva. 

Pero, con todo respeto por las palabras, una asignatura pendiente en un escritorio puede esperar; la seguridad de una persona, no.

¿Recién ahora vamos a diseñar un programa? ¿Recién después de una muerte se reconoce que hace falta mayor presencia del Estado? ¿Cuántas advertencias más hacen falta para comprender que la prevención no puede depender de la llegada del verano ni de la repercusión pública de una tragedia?

Si el propio funcionario admite que el problema persiste, la pregunta es inevitable: ¿qué se hizo, qué no se hizo y por qué las medidas anteriores no alcanzaron para impedir que la situación llegara a este extremo?

No se trata de afirmar, sin pruebas, que una medida municipal determinada habría evitado necesariamente el siniestro. La mecánica del hecho y las responsabilidades individuales deben establecerse en la investigación judicial. Se trata de algo más elemental: determinar si las autoridades cumplieron con la responsabilidad de prevenir, controlar y actuar frente a un riesgo conocido.

Desde R24N sostenemos que la administración de Viotti ha exhibido una preocupante falta de anticipación y una gestión insuficiente frente a problemas que afectan directamente la vida cotidiana de los rafaelinos. Y en el área de seguridad vial, la actuación de Bottero merece un cuestionamiento político severo.

No alcanza con decir que se está trabajando. No alcanza con enumerar dificultades. No alcanza con explicar que las motos no tienen patente o que no se pueden colocar reductores de velocidad porque hay una ambulancia que debe llegar al hospital. Esas circunstancias exigen buscar alternativas, coordinar recursos, reforzar los controles y encontrar soluciones técnicamente viables.

Para eso están los funcionarios: para resolver problemas, no solamente para explicarlos.

La improvisación también es una forma de desprecio por el ciudadano

Una administración municipal tiene obligaciones concretas. Debe planificar, establecer prioridades, asignar recursos y evaluar resultados. Cuando una problemática se repite, las autoridades no pueden comportarse como si acabaran de descubrirla.

Las picadas clandestinas no son un fenómeno desconocido. Las concentraciones de motociclistas durante las noches tampoco. El propio Bottero reconoció que el municipio ya había impulsado el Autódromo como espacio de encuentro, que aquella iniciativa perdió participación y que las conductas peligrosas continúan. También informó que se habían retenido alrededor de 200 escapes antirreglamentarios y que se presentaban denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación. 

Es decir, existen antecedentes, herramientas y conocimiento del problema. Entonces, la discusión no puede agotarse en anunciar que habrá más participación durante el verano. La sociedad necesita conocer qué medidas concretas se aplicarán, cuándo comenzarán, quién será responsable de ejecutarlas y cómo se medirán sus resultados.

Si el esquema anterior no funcionó, hay que cambiarlo. Si faltan recursos, hay que explicar cuáles. Si se necesita colaboración policial, hay que coordinarla. Si las cámaras no permiten identificar determinadas motos, hay que diseñar procedimientos complementarios dentro de la ley.

Y si quienes tienen la responsabilidad política no consiguen hacerlo, deben asumir las consecuencias institucionales de su gestión.

Desde esta columna hemos reclamado hasta el hartazgo que el intendente Viotti y el secretario Bottero se hagan cargo. No estamos pidiendo milagros: estamos exigiendo gestión, idoneidad y responsabilidad.

Una ciudad no puede quedar sometida a la improvisación permanente de quienes ocupan cargos públicos. Los puestos de gobierno no son premios personales ni lugares para permanecer cómodamente mientras los problemas se acumulan. Son responsabilidades que deben ejercerse en beneficio de la comunidad.

¿Debe intervenir la Justicia? La responsabilidad pública no puede quedar al margen

Hay una cuestión que merece especial atención: la eventual responsabilidad de los funcionarios cuando, frente a riesgos conocidos, pudieran existir omisiones relevantes en el cumplimiento de sus obligaciones.

No corresponde declarar culpable a nadie desde una nota periodística ni sostener que toda deficiencia administrativa constituye automáticamente un delito. Pero tampoco sería aceptable descartar de antemano cualquier investigación.

El artículo 248 del Código Penal argentino contempla determinadas conductas de funcionarios públicos vinculadas con el abuso de autoridad y el incumplimiento de las leyes cuyo cumplimiento les corresponde. El artículo 249 contempla, bajo sus propios requisitos, la omisión, el rechazo o la demora ilegales de actos propios de la función. La aplicación de estas normas exige analizar los deberes concretos de cada funcionario, los hechos acreditados y las circunstancias del caso.

Por eso, consideramos legítimo reclamar que el Ministerio Público de la Acusación evalúe si existen elementos que justifiquen investigar eventuales responsabilidades funcionales, sin prejuzgar sobre la existencia de un delito ni sobre la culpabilidad de persona alguna.

La Justicia deberá determinar si hubo advertencias formales, qué medidas se adoptaron, cuáles eran las competencias de cada área, qué capacidad real de intervención tenía el municipio y si existieron omisiones jurídicamente relevantes. Si encuentra elementos suficientes, deberá proceder conforme a derecho.

La responsabilidad penal no se presume. Pero la función pública tampoco puede convertirse en un escudo que impida examinar conductas cuando existen razones concretas para hacerlo.

La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones políticas y, cuando corresponda, investigaciones judiciales.

Autos cero kilómetro y problemas sin resolver

Mientras los vecinos reclaman soluciones, crece el malestar frente a una administración que, a nuestro juicio, parece dedicar más energía a cuestiones internas y decisiones de gestión que a resolver problemas que afectan directamente a la gente.

Desde R24N cuestionamos las prioridades de un gobierno municipal que debe demostrar, con hechos, que la seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier otra consideración.

Si se destinan recursos a renovar vehículos oficiales, la administración tiene la obligación de explicar las decisiones, su necesidad y su costo. La compra de automóviles nuevos no demuestra por sí misma una mala gestión, pero tampoco puede utilizarse como argumento para eludir las preguntas sobre las prioridades presupuestarias y los resultados obtenidos.

Los recursos municipales pertenecen a los contribuyentes y deben traducirse en servicios, prevención y soluciones concretas.

Los rafaelinos no pagan impuestos para recibir explicaciones tardías. Pagan para tener una ciudad organizada, controles eficaces, calles seguras y funcionarios capaces de anticiparse a los problemas.

Y cuando una gestión no logra demostrar esa capacidad, tiene que aceptar las críticas, rendir cuentas y corregir el rumbo. Si el responsable de un área carece de idoneidad para conducirla, corresponde evaluar seriamente su continuidad y buscar a alguien capacitado para cumplir esa tarea.

No hay nada personal en exigirlo. Lo verdaderamente irresponsable sería mirar hacia otro lado mientras los problemas se repiten.

Una vida perdida no puede terminar convertida en otra estadística

La muerte del adolescente de 16 años en bulevar Lehmann no puede ser tratada como un episodio más que ocupa los titulares durante algunos días y después desaparece de la agenda pública. La investigación debe establecer qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad directa en el siniestro. En paralelo, la sociedad tiene derecho a exigir que las autoridades revisen sus políticas de prevención y actúen sin demoras.

No podemos afirmar que una intervención municipal específica hubiera evitado necesariamente esta muerte. Sí podemos afirmar que la prevención vial debe ser permanente, que los riesgos conocidos exigen respuestas anticipadas y que los anuncios posteriores a una tragedia no sustituyen las medidas que debieron evaluarse oportunamente.

A Viotti y a Bottero les corresponde responder con hechos, no con promesas. Queremos conocer el plan, sus plazos, los recursos destinados y los responsables de ejecutarlo. Queremos saber qué cambiará desde ahora y por qué los mecanismos anteriores no alcanzaron.

Y queremos que la ciudadanía pueda evaluar los resultados.

Porque gobernar no es administrar las consecuencias de los problemas: es trabajar para evitarlos. Porque una familia que pierde a un hijo no necesita que un funcionario reconozca que tiene una asignatura pendiente. Necesita que el Estado haya hecho todo lo razonablemente posible antes de que ocurra la tragedia.

Desde R24N no vamos a callarnos ni a suavizar nuestras críticas para comodidad de ningún funcionario. Vamos a seguir reclamando, preguntando y exigiendo responsabilidades políticas. Y si aparecen elementos que ameriten una investigación judicial, reclamaremos que se investigue.

La seguridad vial no puede depender de la suerte, ni la prevención del calendario, ni la gestión de las declaraciones que se hacen después de una muerte.

Cuando el Estado llega tarde, la sociedad tiene derecho a indignarse. Y cuando quienes gobiernan no demuestran capacidad para resolver los problemas, tienen la obligación de rendir cuentas.