Diputados aprobó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el Gobierno debió ceder sobre el de Compra de Tierras por extranjeros

• La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones.
• La abstención de los seis diputados cordobeses resultó decisiva para el triunfo oficialista.
• La Libertad Avanza aceptó mantener vigente la Ley de Tierras de 2011 para preservar el DNU 70/2023.
• El proyecto exige indemnización previa a valor de mercado y reconocimiento del lucro cesante en las expropiaciones.
• La iniciativa establece procedimientos acelerados para desalojos por falta de pago o vencimiento de contratos.
• El Senado deberá decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con el texto original.

La Libertad Avanza consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque la votación expuso las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios y obligó al bloque a aceptar cambios para sostener su estrategia legislativa. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, un resultado ajustado en el que la posición de los diputados cordobeses fue determinante para el triunfo del Gobierno.

El resultado no solo dejó en evidencia la estrechez de la mayoría parlamentaria, sino también las concesiones que debió realizar el oficialismo durante el debate. En particular, la discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante la administración kirchnerista, terminó condicionando el tratamiento del proyecto y modificó el alcance de la propuesta original.

En medio de las negociaciones, La Libertad Avanza optó por dejar de lado la derogación de esa normativa para preservar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La decisión permitió reincorporar la vigencia de la ley que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, cuya eliminación había sido impulsada por el Gobierno nacional.

El oficialismo ya había aceptado previamente recortar el capítulo referido al uso de tierras afectadas por incendios durante el tratamiento en el Senado. Con la modificación introducida en Diputados, la normativa de 2011 recuperó su vigencia integral, lo que representó una concesión relevante dentro de la negociación parlamentaria.

Debido a los cambios incorporados durante el debate, el proyecto deberá regresar al Senado. La Cámara alta tendrá que decidir si acepta el texto aprobado por Diputados o si insiste con la versión que había recibido media sanción. De esta manera, la sanción definitiva de la iniciativa todavía depende de una nueva instancia legislativa.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada establece modificaciones destinadas a endurecer las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes particulares. Entre sus disposiciones centrales, exige que exista una declaración de utilidad pública y que la indemnización sea abonada previamente, tomando como referencia el valor de mercado del inmueble.

Además, la compensación contempla el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación. Los cuestionamientos a la propuesta apuntan a que estas exigencias podrían incrementar los costos de las obras públicas y dificultar la incorporación de terrenos privados cuando resulten necesarios para ejecutar proyectos estatales.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa está relacionado con los desalojos de inmuebles ocupados. El texto establece procedimientos sumarísimos para acelerar la restitución de las propiedades a sus dueños, con plazos específicos para los casos de falta de pago o vencimiento de contratos de alquiler.

En el caso de inmuebles destinados a vivienda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar la acción judicial de desalojo, que tendrá un plazo adicional de diez días hábiles.

La propuesta también contempla la posibilidad de obtener la desocupación inmediata mediante caución juratoria en situaciones de falta de pago o finalización del contrato. Sin embargo, si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó información o documentación para conseguir esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual, destinada a la contraparte.

El texto incorpora, además, previsiones para situaciones de vulnerabilidad. Cuando en el inmueble vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria. Esa asistencia deberá organizarse en un plazo máximo de diez días, sin suspender el proceso judicial principal.

Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio defendió la agilización de los desalojos como una herramienta para devolver rápidamente las propiedades a sus titulares y sostuvo que las ocupaciones desalientan la oferta de viviendas en alquiler.

La aprobación dejó así un doble resultado para el Gobierno: un avance legislativo en materia de propiedad privada y una concesión sobre la regulación de tierras rurales. Con una votación ajustada y el texto pendiente de revisión en el Senado, el oficialismo deberá sostener los acuerdos alcanzados para convertir la iniciativa en ley.