Concejo Municipal y Colegio de Abogados piden se cubran urgente vacantes en la justicia

La justicia de Rafaela desde hace un tiempo a esta parte padece la falta de jueces, que por diferentes razones produjeron vacantes que nuca se cubrieron, lo que torna imposible el normal desenvolvimiento y por ende trae aparejado un sinnúmero de inconvenientes que el gobernador Omar Perotti, el encargado absoluto de enviar los pliegos respectivos a la Asamblea Legislativa, no tuvo intención alguna de solucionar.

Ahora el Concejal Lisandro Mársico solicitó que el Concejo Municipal de Rafaela se involucre directamente y exija a las autoridades, tanto salientes como a las que van a asumir el 10 de diciembre, brinden una solución urgente. Al pedido de Mársico y el resto de los concejales se sumó el Colegio de Abogados de Rafaela en la persona de su presidenta Mabel Eusebio, que junto a la Vicepresidenta Carina D'Intino y otros miembros de la comisión directiva se hicieron presentes respaldando el pedido del concejal del PDP.

Es sabido que la lamentable situación se da por una disputa entre el poder político, en donde el actual gobernador Omar Perotti es uno de los grandes responsables, ya que al no poder imponer a sus jueces "preferidos", claudicó en su obligación de enviar los pliegos respectivos a la Asamblea Legislativa y literalmente dejó a la justicia de Rafaela en una suerte de virtual abandono, una irresponsabilidad más de un gobernador errado a lo largo de sus cuatro años de mandato.

Es de esperar que el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, el mismo 10 de diciembre se haga eco de esta lamentable situación y le ponga fin a esta disputa estúpida que tanto daño hace.

Es de destacar la importancia de la presencia de las autoridades del Colegio de Abogados de Rafaela, que desde hace mucho tiempo vienen trabajando denodadamente para que este problema tenga una solución, ya que también afecta el trabajo de los abogados que día a día deben dar explicaciones a sus clientes del por qué de las demoras interminables en el avance de los procesos judiciales, más allá de verse coartado el normal desenvolvimiento de la actividad laboral de los profesionales del derecho.