Cristina Kirchner enfrenta el mayor decomiso judicial por corrupción: $84.835 millones

• La Justicia Federal reactivó el decomiso solidario en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López.
• El Estado busca recuperar $84.835 millones (unos 550 millones de dólares).
• Se inició la tasación de bienes embargados: propiedades, cuentas, inversiones y sociedades.
• Los acusados tendrán 10 días hábiles para pagar; si no, se procederá con embargos y subastas.
• El patrimonio de CFK incluye más de 20 propiedades y sociedades investigadas por lavado.
• La donación de bienes a sus hijos en 2016 está bajo sospecha de ocultamiento.
• La ejecución avanza, pese a intentos de la defensa por frenarla.

La Justicia Federal dio un nuevo paso en la causa Vialidad al reactivar el proceso de ejecución del decomiso solidario impuesto a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros condenados. La cifra que el Estado busca recuperar es histórica: más de $84.835 millones, equivalentes a unos 550 millones de dólares.

El Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema ya comenzó a evaluar los bienes embargados, entre los que se encuentran propiedades, cuentas bancarias, plazos fijos, inversiones y sociedades comerciales. Una vez finalizada la tasación, los acusados tendrán un plazo de 10 días hábiles para pagar. Si no lo hacen, la Justicia podrá avanzar con embargos efectivos y subastas.

El patrimonio embargado de Cristina Kirchner incluye más de 20 propiedades, principalmente en Santa Cruz, sociedades investigadas por lavado como Hotesur y Los Sauces, y activos financieros en pesos y dólares. Gran parte de esos bienes fue donada a sus hijos en 2016, en una maniobra que ahora se investiga como posible ocultamiento patrimonial.

La ejecución, con la condena ya confirmada por la Corte Suprema, marca un punto de inflexión en una de las causas más emblemáticas de corrupción en la era kirchnerista. Mientras desde el entorno de la expresidenta no hubo comentarios públicos, sus abogados buscan frenar el decomiso alegando conflictos con otras causas en curso. Pero el proceso judicial avanza, y con él, la posibilidad de que el Estado concrete una de las recuperaciones patrimoniales más grandes de su historia.