CAME y contadores reclamaron alivio fiscal para pymes ante los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal

• CAME pidió que ARCA no aplique multas a pymes durante el período de espera legal
• La entidad también reclamó planes de pago especiales y suspensión de embargos
• Contadores solicitaron un régimen de regularización tributaria más flexible
• El Gobierno enviará al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal
• Profesionales tributarios plantearon dudas técnicas sobre el nuevo régimen simplificado
• Especialistas consideran necesaria una nueva prórroga de los plazos previstos por la ley

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) solicitaron al Gobierno nacional una serie de medidas de alivio fiscal y financiero para pequeñas y medianas empresas en el marco de las modificaciones que el Ministerio de Economía planea introducir en la Ley de Inocencia Fiscal.

El reclamo surgió luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara el envío al Congreso de una nueva versión del proyecto de ley, con cambios impulsados tras reuniones mantenidas con contadores y especialistas tributarios. Las entidades empresarias y profesionales advirtieron que el actual contexto económico, marcado por un consumo deprimido y dificultades de financiamiento, exige herramientas excepcionales para evitar un mayor deterioro del sector pyme.

CAME pidió específicamente que, durante el período de espera previsto por la normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas. Además, solicitó que, en los casos donde los contribuyentes regularicen sus obligaciones dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de ese período, las sanciones se reduzcan en un 50%.

La entidad también reclamó la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos para el sector mientras se debate y reglamenta el nuevo esquema tributario. En paralelo, propuso la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una reducción del 50% en los intereses acumulados y una tasa de financiación subsidiada equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

Según explicó Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, el objetivo es permitir que las empresas puedan regularizar deudas sin comprometer aún más su situación financiera. La propuesta incluye tanto obligaciones vencidas al 31 de mayo como planes de pago vigentes o caducos.

Desde la entidad empresaria sostienen que las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario complejo por la caída del consumo, el aumento de costos y las dificultades para acceder al crédito. En ese contexto, consideran fundamental que el Gobierno implemente mecanismos de alivio que contribuyan a sostener la actividad y preservar el entramado productivo.

A los reclamos de CAME se sumó la FACPCE, que también solicitó a ARCA un régimen especial de regularización tributaria y una suspensión transitoria de medidas cautelares contra contribuyentes pyme.

La federación que nuclea a los consejos profesionales de ciencias económicas propuso ampliar la cantidad de cuotas de financiación, reducir tasas de interés y flexibilizar los requisitos de acceso a los planes de pago. Además, planteó que puedan incorporarse deudas incluidas en planes anteriores, tanto vigentes como caducos, así como retenciones, percepciones y recargos vinculados a obligaciones ya canceladas.

Otro de los pedidos centrales estuvo vinculado a la suspensión temporal de embargos y otras medidas cautelares para contribuyentes que adhieran al proceso de regularización fiscal o acrediten encontrarse en vías de normalizar su situación impositiva.

En paralelo, la FACPCE elevó una extensa nota técnica con observaciones y dudas sobre distintos aspectos de la Ley 27.799 y sobre la futura implementación de la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Entre los principales interrogantes planteados aparecen cuestiones vinculadas al tratamiento de rentas presuntas, dividendos fictos, herencias, operaciones financieras y dinero exteriorizado. También solicitaron precisiones respecto de la situación de monotributistas, directores de sociedades y trabajadores en relación de dependencia que desarrollan actividades adicionales.

Las inquietudes incluyen además dudas sobre el tratamiento de depósitos bancarios vinculados a fondos no declarados, diferencias técnicas de valuación, fiscalizaciones en curso y el alcance de la presunción de exactitud prevista en el nuevo régimen.

El propio Caputo confirmó recientemente que el proyecto será modificado para incorporar observaciones realizadas por profesionales del sector contable. El ministro aseguró que el nuevo texto buscará “dar un impulso todavía mayor” a la iniciativa.

Sin embargo, especialistas tributarios advierten que los tiempos parlamentarios y la posterior reglamentación podrían extenderse más allá de los plazos originalmente previstos. Por ese motivo, distintos contadores ya comenzaron a reclamar una nueva prórroga del régimen, con la intención de extender al menos hasta el 31 de agosto la fecha límite actualmente fijada para el 27 de julio.

El debate en torno a la Ley de Inocencia Fiscal se produce además en medio de las discusiones sobre una eventual reforma tributaria más amplia, promovida también desde organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.