Quedó desierta la privatización de Intercargo y el Gobierno deberá redefinir el futuro de la empresa

• La licitación para privatizar Intercargo concluyó sin recibir ofertas de compra.
• Ninguna empresa presentó una propuesta pese a haber existido interés preliminar.
• La apertura del mercado de handling redujo el atractivo comercial de la compañía estatal.
• Intercargo perdió además la explotación de mangas y pasarelas en aeropuertos clave.
• La privatización generó cuestionamientos sindicales y una denuncia judicial por la valuación de la empresa.
• El Gobierno deberá redefinir ahora los pasos a seguir respecto del futuro de la compañía.

El proceso de privatización de Intercargo sufrió un revés inesperado para el Gobierno nacional. La licitación destinada a transferir al sector privado el 100% del paquete accionario de la empresa estatal encargada de los servicios aeroportuarios de rampa, asistencia a pasajeros y manejo de equipajes concluyó sin ofertas, luego de que ninguna compañía presentara formalmente una propuesta para quedarse con la firma.

La subasta había sido impulsada como parte de la estrategia de reforma y reducción de la participación estatal en la economía promovida por la administración del presidente Javier Milei. Sin embargo, pese a que varias empresas habían manifestado interés preliminar durante las etapas de consulta y visitas a las instalaciones, ninguna avanzó hasta la instancia final del proceso.

La licitación contemplaba la venta total de las acciones de Intercargo mediante un esquema de dos sobres. En el primero, los interesados debían acreditar antecedentes técnicos, económicos y legales. En el segundo, debían presentar una oferta económica que no podía ubicarse por debajo del precio base establecido en 45,12 millones de dólares.

Entre los requisitos exigidos figuraba la necesidad de acreditar experiencia en actividades vinculadas al handling aeroportuario, incluyendo carga y descarga de aeronaves, manipulación de equipajes y asistencia operativa en pista. Además, las empresas debían demostrar solvencia financiera suficiente para sostener las operaciones y presentar garantías equivalentes al 5% del valor de referencia de la licitación.

La falta de oferentes dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el proceso privatizador en un mercado que experimentó profundas modificaciones durante los últimos meses. Uno de los factores señalados por distintos actores del sector es la apertura del negocio de los servicios de rampa a nuevos operadores privados.

La política de desregulación impulsada por el Gobierno permitió que múltiples compañías obtuvieran autorización para prestar servicios aeroportuarios, eliminando el esquema que durante años otorgó a Intercargo una posición dominante en buena parte del mercado. Actualmente, una docena de empresas privadas ya se encuentra habilitada para competir directamente en este segmento.

Entre ellas figuran operadores nacionales e internacionales que pueden brindar servicios de asistencia en tierra a aerolíneas, reduciendo significativamente el atractivo comercial que históricamente representaba la empresa estatal.

A este escenario se sumó una decisión adoptada por el Gobierno a fines del año pasado, cuando resolvió transferir la operación de las mangas y pasarelas telescópicas a las empresas concesionarias de los aeropuertos. Como consecuencia, Intercargo dejó de administrar y facturar esos servicios en terminales estratégicas como Ezeiza y Aeroparque, reduciendo una de sus principales fuentes de ingresos.

La empresa estatal opera actualmente en 21 aeropuertos del país y cuenta con una plantilla cercana a los 1.560 trabajadores. Además de los servicios de rampa, desarrolla tareas vinculadas al remolque de aeronaves, provisión de agua potable, limpieza de aviones, retiro de residuos y traslado de pasajeros y tripulaciones.

Uno de los aspectos que generó preocupación durante el proceso fue la situación de los aeropuertos considerados deficitarios. El pliego establecía que el eventual comprador únicamente debía garantizar la continuidad de las operaciones durante los primeros 180 días hábiles posteriores a la adquisición. Cumplido ese plazo, podía abandonar terminales no rentables mediante una simple notificación previa.

Representantes sindicales advirtieron que una eventual privatización podría haber puesto en riesgo la continuidad de los servicios de handling en numerosos aeropuertos regionales. Según esos planteos, sólo algunas terminales de alta actividad presentan niveles de rentabilidad sostenidos, mientras que gran parte de la red depende de un esquema de compensación interna.

Paralelamente, el proceso de venta quedó envuelto en cuestionamientos judiciales. La Asociación del Personal Aeronáutico impulsó una denuncia penal contra funcionarios nacionales por presuntas irregularidades vinculadas a la valuación de la compañía.

La presentación cuestiona especialmente el precio base fijado para la licitación. Según el gremio, la valoración oficial resulta significativamente inferior a los activos y resultados económicos exhibidos por la empresa en sus balances más recientes. Los denunciantes sostienen que existe una diferencia considerable entre el valor de mercado estimado y el monto utilizado como referencia para la venta.

Con la licitación declarada desierta, el Gobierno deberá ahora evaluar alternativas para avanzar con el futuro de Intercargo. Entre las opciones aparecen una eventual reformulación de las condiciones de venta, una nueva convocatoria o la continuidad de la empresa bajo administración estatal mientras se redefine su estrategia operativa dentro del mercado aeroportuario argentino.