Denuncian un supuesto pacto entre Raúl Jalil y el Gobierno por una concesión vial

• La adjudicación por 20 años de un tramo de la Red Federal de Concesiones quedó bajo cuestionamiento por un supuesto acuerdo político entre Raúl Jalil y el Gobierno nacional.
• Guido Mogetta S.A., vinculada a la familia del ex secretario de Transporte Franco Mogetta, obtuvo la concesión tras competir con otras seis ofertas.
• El corredor Centro comprende unos 682 kilómetros e incluye sectores de las rutas nacionales 19 y 34.
• La empresa mantiene una fuerte presencia en la obra pública de Catamarca y acumula contratos provinciales por más de 3.500 millones de pesos.
• Legisladores vinculados a Jalil se abstuvieron en una votación clave sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central luego de concretarse la adjudicación.
• Las acusaciones plantean un supuesto intercambio de favores, aunque la existencia de un pacto político deberá ser demostrada mediante pruebas concretas.

Una denuncia puso bajo la lupa una presunta negociación política entre el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el Gobierno de Javier Milei, vinculada con la adjudicación por 20 años de un tramo de la Red Federal de Concesiones a la empresa Guido Mogetta S.A. La compañía pertenece a la familia de Franco Mogetta, ex secretario de Transporte de la Nación, quien mantiene una relación política y personal cercana con el mandatario catamarqueño.

La concesión cuestionada corresponde al denominado tramo Centro de la Red Federal de Concesiones, un corredor de aproximadamente 682 kilómetros que comprende sectores de las rutas nacionales 19 y 34, entre otros trayectos estratégicos para la circulación y el transporte de cargas.

Según la denuncia, la adjudicación habría funcionado como parte de un entendimiento político entre el Ejecutivo nacional y Jalil, en momentos en que el Gobierno busca reunir respaldo parlamentario para avanzar con distintas reformas. La hipótesis sostiene que la concesión vial habría sido utilizada como una herramienta de negociación para garantizar el acompañamiento de los legisladores catamarqueños en iniciativas de interés para la Casa Rosada.

Entre los proyectos mencionados aparece la eventual eliminación de las PASO y otras modificaciones institucionales impulsadas por el oficialismo. En ese marco, la relación entre los gobiernos nacional y provincial habría adquirido una dimensión que excede la discusión estrictamente administrativa sobre las concesiones viales.

El proceso de adjudicación tuvo además una particularidad: Guido Mogetta S.A. se impuso en una competencia en la que participaron otras seis ofertas. La decisión quedó vinculada al área económica del Gobierno nacional, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, promoviera la entrega del corredor.

La hipótesis de un intercambio político tomó mayor fuerza, según los denunciantes, a partir de una votación registrada en la Cámara de Diputados poco después de la adjudicación. Legisladores alineados con Jalil se abstuvieron durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una posición que permitió al oficialismo avanzar con la aprobación de la iniciativa.

El vínculo entre el gobernador y la empresa adjudicataria también constituye uno de los elementos centrales de los cuestionamientos. Guido Mogetta S.A. tiene antecedentes de participación en distintas obras públicas de Catamarca y es considerada cercana al mandatario provincial.

La compañía habría obtenido en los últimos años contratos estatales por más de 3.500 millones de pesos. Entre las obras mencionadas figuran trabajos sobre la Ruta Provincial 43, con una adjudicación cercana a los 1.500 millones de pesos; la Ruta Provincial 1, por unos 878 millones, en un proceso en el que habría sido la única empresa oferente; y la remodelación del Dique Jumeal, por más de 160 millones.

Este último proyecto también quedó bajo observación debido al mecanismo utilizado para su contratación. La obra fue asignada de manera directa después de que una licitación previa quedara desierta.

Otro elemento señalado en los cuestionamientos es un convenio educativo mediante el cual el Estado provincial financia la capacitación de trabajadores vinculados con la constructora. Para los denunciantes, ese mecanismo constituye otra muestra de la estrecha relación entre la empresa y la administración de Jalil.

La situación coloca bajo análisis el vínculo político entre Catamarca y el Gobierno nacional, especialmente por el peso que adquieren los gobernadores en el Congreso cuando el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar reformas.

La adjudicación de una concesión de largo plazo, sumada a los antecedentes de la empresa beneficiada y a posteriores movimientos parlamentarios de legisladores cercanos a Jalil, alimentó las sospechas sobre un eventual intercambio de favores. Sin embargo, la existencia de un acuerdo de esas características deberá ser acreditada mediante documentación y elementos concretos que permitan establecer si hubo efectivamente una contraprestación política detrás de la decisión administrativa.