El Gobierno iniciará sanciones contra 45 empresas y accionistas por la explotación de hidrocarburos en Malvinas

• El Gobierno iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas a proyectos petroleros en Malvinas.
• La investigación alcanzará a empresas operadoras, accionistas, proveedores y firmas de servicios relacionados con la actividad hidrocarburífera.
• La medida se fundamenta en la Ley 26.659 y en el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago.
• El proyecto Sea Lion prevé producir 50.000 barriles diarios desde 2028 con reservas estimadas en 314 millones de barriles.
• La Cancillería sostiene que la explotación unilateral contradice resoluciones de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.
• Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum ya habían sido sancionadas previamente con inhabilitaciones para operar en Argentina.

El Gobierno nacional anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una medida que busca reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago y frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion.

La decisión fue comunicada por la Cancillería y se fundamenta en la posible violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659, que impide realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

Desde el Gobierno señalaron que la investigación no alcanzará únicamente a las empresas que desarrollan las operaciones, sino también a accionistas, proveedores y firmas que habrían prestado servicios para facilitar esos proyectos.

En el comunicado oficial, la administración de Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del territorio argentino por razones históricas y jurídicas, y sostuvo que la ocupación británica profundizó en los últimos años la explotación de recursos naturales en la zona.

La medida alcanza, en primer término, a las denominadas “licenciatarias ilegítimas”, entre las que figuran Navitas Petroleum Development and Production Limited, Navitas Petroleum Atlantic Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, JHI Associates Inc., JHI Falklands Inc. y Borders & Southern Falkland Islands Limited.

Además, la investigación se extenderá a accionistas de Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration y Borders & Southern, con participación de compañías radicadas en Israel, Reino Unido, Canadá, Islas Vírgenes Británicas y otros países.

También quedaron bajo análisis Eco (Atlantic) Oil & Gas y varios de sus principales accionistas institucionales, junto con empresas proveedoras de infraestructura, asesoramiento técnico y servicios especializados, entre ellas Noble Corporation, AP Moller Holding, First Eagle Investment Management, Vanguard Portfolio Management, Dimensional Fund Advisors, Netherland, Sewell & Associates y Fugro NV.

El anuncio llegó pocas horas después de que el presidente Javier Milei ratificara por cadena nacional el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y cuestionara específicamente el desarrollo del proyecto Sea Lion, considerado uno de los emprendimientos petroleros offshore más importantes de la región.

El yacimiento se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y a unos 450 metros de profundidad. El proyecto es desarrollado conjuntamente por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

Descubierto en 2010, Sea Lion dio un paso decisivo a fines de 2025 cuando ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión, instancia que marca la validación técnica, económica y financiera del emprendimiento para avanzar hacia su fase de producción.

Según los datos difundidos por Navitas, el yacimiento cuenta con reservas probadas y probables estimadas en 314 millones de barriles, una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción previsto para marzo de 2028. El desarrollo completo contempla la perforación de más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas operativas.

La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas compañías, al sostener que toda exploración o explotación unilateral en un territorio sometido a una disputa de soberanía contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa la controversia.

El Gobierno también recordó que existen antecedentes de sanciones contra las principales empresas involucradas. Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años mediante una resolución de 2012, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente en 2022.

Con esta nueva ofensiva administrativa, la administración nacional busca ampliar el alcance de las responsabilidades, incorporando a accionistas, proveedores y compañías vinculadas a la cadena de desarrollo del proyecto Sea Lion como parte de su estrategia para reforzar la posición argentina sobre los recursos naturales del área en disputa.