A Viotti los números ya no le dan: el municipio recorta inversiones y se prepara para seguir gastando

RESUMEN

• El gobierno de Leonardo Viotti busca reacomodar el presupuesto 2026 porque varias partidas ya no alcanzan para cubrir los gastos municipales.
• $120 millones adicionales para combustibles, $55 millones para electricidad y otros $24 millones para telefonía e internet del sistema de monitoreo.
• Se recortan partidas destinadas a vehículos, máquinas, herramientas y equipamiento para cubrir los mayores gastos corrientes.
• El transporte municipal continúa siendo un problema: consume recursos y no logra ofrecer un servicio eficiente a los rafaelinos.
• La pregunta que nadie puede responder es quién pagará los errores de gestión. Los contribuyentes deberían prepararse: otro tarifazo de Viotti no sería ninguna sorpresa.

Las cuentas no cierran, las partidas presupuestarias empiezan a quedar chicas y el gobierno de Leonardo Viotti vuelve a recurrir a la conocida receta de la política: mover plata de un lado para tapar los agujeros del otro. El Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela envió al Concejo un proyecto para modificar el presupuesto 2026, una iniciativa que, detrás del lenguaje técnico de los expedientes, deja al descubierto una realidad incómoda: la administración municipal tiene cada vez más dificultades para sostener sus gastos sin sacrificar inversiones y equipamiento.

Por supuesto, desde el Ejecutivo podrán argumentar que aumentaron los combustibles, la electricidad, la conectividad y otros servicios. Es cierto que los costos suben y que gobernar exige capacidad para adaptarse. Pero justamente para eso están los funcionarios: para prever, administrar, establecer prioridades y cuidar el dinero ajeno. Porque la plata municipal no pertenece a Viotti, ni a sus secretarios, ni a los funcionarios que firman expedientes. Es dinero de los rafaelinos, que bastante tienen con soportar sus propios gastos como para terminar pagando también los errores de una gestión deficiente.

El proyecto propone redistribuir recursos dentro del presupuesto aprobado por la Ordenanza N.º 5.640, sin modificar el monto total autorizado para 2026. Sin embargo, que el número final no cambie no significa que el problema haya desaparecido. Si una partida necesita millones adicionales y para cubrirla hay que quitarle recursos a la compra de vehículos, máquinas, herramientas y equipamiento, la pregunta es inevitable: ¿se está administrando bien o simplemente se está llegando como se puede al final del año?

Combustible, electricidad y conectividad: millones que no estaban alcanzando

Uno de los refuerzos más importantes corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente, que necesita otros $120 millones para combustibles y lubricantes. El Ejecutivo fundamentó el pedido en los incrementos registrados entre julio de 2025 y julio de 2026: el gasoil grado 2 aumentó un 62,4%; el gasoil grado 3, un 58,6%; la nafta súper, un 52,6%; y la premium, un 44,3%.

Según el Municipio, esas subas superaron ampliamente la pauta inflacionaria del 25% utilizada para elaborar el presupuesto. También se solicitan $7 millones para combustibles de la Guardia Urbana Rafaela, $2 millones para Protección Vial y Comunitaria y otros $100.000 para Gestión de Reclamos.

Pero el listado no termina ahí. El sistema de monitoreo urbano requiere $55 millones adicionales para energía eléctrica y otros $24 millones para telefonía e internet del Centro de Monitoreo. A eso se suman $18 millones para conectividad del área de Informática, dependiente de la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia.

El argumento oficial es que aumentaron los enlaces activos y, con ellos, los costos de energía y conectividad. Puede ser. Pero una administración responsable también debe demostrar que cada peso gastado está justificado, que los contratos se revisan y que los servicios contratados ofrecen resultados acordes con su costo. La tecnología puede ser una herramienta extraordinaria para mejorar la gestión, pero no una excusa para convertir cada necesidad en una nueva factura millonaria.

La Zona de Estacionamiento Controlado: ¿por qué gastar tanto cuando la tecnología puede costar menos?

Uno de los puntos que merecen una revisión seria es el gasto previsto para sostener el sistema de control de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El proyecto incorpora $31 millones para continuar con el servicio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), vinculado al trabajo de los controladores.

Y aquí aparece una pregunta que el gobierno municipal debería responder con números, no con discursos: ¿cuánto le cuesta realmente a Rafaela mantener este sistema y cuánto costaría reemplazar o modernizar sus herramientas tecnológicas?

La aplicación actual de la ZEC luce anticuada frente a las posibilidades que ofrece la tecnología disponible. Una plataforma moderna, sencilla y eficiente podría reducir tareas, simplificar el pago, facilitar los controles y disminuir costos operativos. Antes de seguir desembolsando millones, el Municipio debería comparar alternativas, publicar los costos completos y explicar por qué el sistema elegido representa la mejor opción para los contribuyentes.

¿Por qué seguir gastando tanto si existen soluciones tecnológicas potencialmente más económicas? La pregunta es legítima y merece una respuesta transparente. Y si alguien considera que el gasto está plenamente justificado, que muestre los números, los contratos y las alternativas evaluadas. No hacen falta insinuaciones: alcanza con la transparencia para despejar cualquier duda sobre posibles intereses vinculados a las decisiones de contratación.

Seguridad: más gastos y obligaciones que también deben explicarse

La modificación presupuestaria contempla otros $24 millones para adicionales policiales en el predio de la antena y $14 millones para operativos en el Centro Integrador Comunitario del barrio Monseñor Zaspe y en el CAPS N.º 10 del barrio 2 de Abril.

La seguridad es una necesidad concreta de los vecinos y nadie discute que requiere recursos. Pero también corresponde preguntar qué parte de estos gastos debe afrontar el Municipio, cuáles son las responsabilidades de otras jurisdicciones y qué resultados se obtienen con el dinero invertido. Administrar no consiste solamente en pagar facturas: consiste en controlar, planificar y exigir que cada peso produzca un beneficio verificable.

Algo similar ocurre con los alquileres. El proyecto agrega $4,5 millones al programa de Apremios Fiscales y $2,5 millones a Prevención y Seguridad. Entre los conceptos mencionados aparece el inmueble utilizado por la Unidad Especial de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. El Ejecutivo señala que se trata de un contrato plurianual sujeto a actualizaciones, además de los costos de electricidad, agua e internet.

La cuestión es clara: el Municipio también debe explicar qué gastos le corresponde asumir y cuáles deberían ser atendidos por otros niveles del Estado. La cooperación institucional es necesaria, pero no puede convertirse en una transferencia automática de obligaciones al bolsillo de los rafaelinos.

Los recortes: menos vehículos, menos máquinas y menos equipamiento

Para compensar los aumentos, Viotti propone reducir partidas de inversión y equipamiento. Entre los recortes más significativos figuran $160 millones en bienes de capital de Infraestructura, Servicios y Ambiente; $150 millones en medios de transporte de esa misma área; $72,1 millones en actividades centrales de Servicios Públicos y Ambiente; $50 millones en máquinas y herramientas; y $30 millones en reparación y logística.

También se proyectan reducciones de $18 millones en bienes de capital de Protección Vial y Comunitaria y de $10 millones en máquinas y equipos de oficina, entre otros ajustes.

En otras palabras, cuando los gastos corrientes aprietan, las inversiones pasan por la tijera. Y eso debería preocupar a los vecinos. Una ciudad necesita vehículos para prestar servicios, herramientas para mantener sus espacios públicos y equipamiento para que los trabajadores municipales puedan cumplir sus tareas. Postergar esas compras puede aliviar una cuenta hoy, pero también generar problemas mañana.

No se trata de negar el impacto de los aumentos de precios. Se trata de saber si el presupuesto fue elaborado con criterios realistas, si las prioridades estaban bien definidas y si el Ejecutivo hizo el esfuerzo necesario para evitar que los desvíos terminen afectando la capacidad operativa de la ciudad.

Fernando Muriel y los costos políticos de una administración que debe rendir cuentas

En este escenario también corresponde revisar el costo de la estructura política y administrativa municipal. Los rafaelinos tienen derecho a saber cuánto cuesta cada cargo, cuáles son sus responsabilidades y qué resultados concretos obtiene la ciudad a cambio de esos salarios.

El caso de Fernando Muriel, cuyo costo anual ha sido cuestionado por superar los $60 millones según las cifras planteadas en esta crítica, merece una explicación pública detallada: qué funciones cumple, cuáles son sus objetivos, qué tareas realiza y qué resultados puede exhibir. No alcanza con cobrar a fin de mes; quien recibe recursos públicos debe poder justificar su función y demostrar que su trabajo aporta valor a la comunidad.

Si el Municipio necesita recortar inversiones, reforzar partidas y reacomodar permanentemente sus cuentas, resulta razonable exigir que también examine el costo de su propia estructura. La austeridad no puede aplicarse solamente a las máquinas, los vehículos y los servicios que necesitan los vecinos, mientras los cargos políticos y administrativos quedan al margen de cualquier revisión.

Lo mismo vale para el transporte municipal, un problema que la gestión todavía no ha conseguido resolver de manera satisfactoria. El sistema demanda recursos, pero sigue sin ofrecer la eficiencia que esperan los usuarios. Si cuesta demasiado y no presta un servicio adecuado, hay que revisar su funcionamiento, sus recorridos, sus frecuencias y su modelo de gestión. Seguir poniendo dinero sin corregir los problemas no es una solución: es prolongar el déficit.

Los Juegos Suramericanos y la discusión sobre las prioridades

Después de los gastos vinculados a los Juegos Suramericanos, la administración municipal también debe explicar qué prioridades quedaron para el día después. Organizar un evento puede tener beneficios deportivos y de infraestructura, pero esos beneficios no eximen a los funcionarios de justificar los costos ni de demostrar que las decisiones fueron financieramente sostenibles.

Cuando se destinan recursos importantes a una competencia deportiva y, al mismo tiempo, hay dificultades para sostener servicios cotidianos, la discusión deja de ser una cuestión de propaganda. Se convierte en una cuestión de prioridades. ¿Qué se hizo para garantizar el mantenimiento posterior? ¿Cuánto costarán las instalaciones? ¿Cómo se sostendrán esos gastos sin presionar todavía más sobre el presupuesto?

Los rafaelinos merecen respuestas concretas. No alcanza con exhibir obras, escenarios o fotografías de funcionarios durante los acontecimientos. La verdadera gestión se demuestra cuando se apagan las luces, termina el espectáculo y hay que pagar las cuentas.

El Concejo debe revisar cada peso y los contribuyentes deben estar atentos

Ahora será el Concejo Municipal el que deba analizar la propuesta y decidir si autoriza los cambios planteados. La discusión no puede limitarse a aprobar una planilla porque el Ejecutivo sostiene que algunas partidas resultaron insuficientes. Los concejales deben examinar los fundamentos, verificar las cifras, revisar las contrataciones y determinar si los recortes comprometen servicios esenciales o inversiones necesarias.

La modificación presupuestaria no implica por sí misma un aumento del monto total aprobado, pero revela tensiones que no deberían ser minimizadas. Si los gastos superan las previsiones, si hay que reducir inversiones para cubrir el funcionamiento cotidiano y si determinados servicios siguen sin alcanzar los resultados esperados, la gestión tiene una obligación política: explicar qué pasó y cómo piensa evitar que vuelva a ocurrir.

Viotti debe dejar de actuar como si el problema fuera exclusivamente el aumento de los precios. Los costos externos existen, pero gobernar también significa anticiparse, administrar prioridades y corregir los errores propios. Si las previsiones fueron insuficientes, hay que explicarlo. Si hubo gastos evitables, hay que identificarlos. Y si existen contratos demasiado caros, hay que revisarlos.

Porque, como siempre, el riesgo es que la cuenta termine llegando al mismo lugar: al bolsillo del contribuyente. Primero aparecen las partidas insuficientes, después las reasignaciones, más tarde las dificultades para sostener inversiones y finalmente la tentación de buscar más ingresos mediante tasas y aumentos.

No hace falta ser adivino para advertir el peligro. Los rafaelinos deberían prepararse para la posibilidad de otro tarifazo de Viotti, porque cuando una administración no consigue ordenar sus gastos, el recurso más sencillo para la política suele ser pedirle más dinero a la gente.

Y ahí está el verdadero problema: los vecinos no pueden vivir pagando los platos rotos de una gestión que debe demostrar que sabe administrar. La plata no es de Viotti. La ciudad no es una caja personal y los contribuyentes no son un cajero automático. Si los números ya no cierran, es hora de revisar las decisiones, transparentar los gastos y asumir responsabilidades. Lo que no puede seguir ocurriendo es que los errores de los funcionarios terminen convirtiéndose en una nueva factura para todos los rafaelinos.