Santa Fe prohíbe a los cuidacoches: cómo se aplicará la ley y qué alternativas habrá para quienes trabajan en la calle

La prohibición de la actividad de los cuidacoches en Santa Fe abrió una nueva etapa en la discusión sobre el uso del espacio público, la seguridad y las respuestas sociales frente al trabajo informal. El senador provincial por Rosario, Ciro Seisas, uno de los impulsores de la normativa, defendió la medida y aseguró que busca terminar con las situaciones de presión y cobros extorsivos a conductores.

El legislador sostuvo que la regulación apunta especialmente a las prácticas en las que se exige dinero para estacionar en la vía pública, sobre todo en las inmediaciones de recitales y partidos de fútbol. Al mismo tiempo, remarcó que la implementación deberá contemplar alternativas laborales y asistencia para las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El objetivo: terminar con los cobros extorsivos

Seisas explicó que la actividad de los cuidacoches comenzó, en algunos casos, como una forma informal de obtener ingresos, pero que con el tiempo aparecieron situaciones de organización y cobros obligatorios.

Según describió, se detectaron grupos que distribuían personas en distintos sectores de la calle, fijaban tarifas y se quedaban con una parte importante de la recaudación. En ese contexto, el senador consideró que era necesario establecer herramientas legales para ordenar el uso del espacio público y actuar frente a conductas abusivas.

El problema se vuelve especialmente visible durante los eventos masivos. De acuerdo con el legislador, en Rosario los conductores pueden llegar a pagar entre 20.000 y 30.000 pesos para estacionar cerca de determinados recitales.

Para Seisas, la cuestión central es que nadie debería sentirse obligado a entregar dinero para utilizar un lugar público. La normativa habilita mecanismos de intervención ante determinadas infracciones y, según explicó, contempla la posibilidad de adoptar medidas frente a situaciones de resistencia o reincidencia. Además, advirtió que, si durante los procedimientos se identifican posibles delitos, las actuaciones pueden derivar en investigaciones penales.

Qué deberán hacer los municipios para aplicar la ley

La entrada en vigencia de la prohibición requiere una adecuación en cada localidad. El senador señaló que los gobiernos municipales deberán dictar ordenanzas para adaptar la legislación provincial a las características y necesidades de sus territorios.

Este proceso permitirá establecer los mecanismos concretos de aplicación y organizar los procedimientos correspondientes en cada ciudad.

Sin embargo, Seisas insistió en que la respuesta no puede limitarse a las sanciones. También planteó la necesidad de articular acciones con organizaciones sociales, instituciones educativas y otros espacios que puedan facilitar la reinserción laboral de quienes dependen de esta actividad para obtener ingresos.

En Rosario, mencionó como una alternativa la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario, que brinda capacitaciones orientadas a mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Capacitación y asistencia para personas vulnerables

El legislador reconoció que detrás de la actividad existen realidades diferentes. Mientras algunos casos pueden estar relacionados con prácticas de cobro coercitivo, otras personas atraviesan dificultades económicas, problemas de salud o situaciones vinculadas con consumos problemáticos.

Por ese motivo, consideró necesario desarrollar un abordaje integral que permita identificar las necesidades particulares y ofrecer herramientas para acceder a otras alternativas de sustento.

La capacitación laboral y el acompañamiento social aparecen, en ese sentido, como componentes importantes para evitar que la prohibición se convierta únicamente en una medida punitiva.

Seisas también diferenció las conductas que busca impedir la normativa de las acciones solidarias destinadas a personas en situación de calle. La entrega de alimentos, bebidas o asistencia a quienes atraviesan dificultades, aclaró, no constituye el objetivo de la prohibición.

Otra iniciativa para combatir la venta de celulares robados

Durante la entrevista, el senador también se refirió a un proyecto que obtuvo media sanción en la Legislatura santafesina y que propone reforzar los controles sobre la comercialización de teléfonos celulares.

La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal y al Código Contravencional, con el objetivo de dificultar la venta de dispositivos robados y mejorar las posibilidades de recuperar los equipos.

Seisas, quien preside la Comisión de Seguridad, explicó que la propuesta apunta a fortalecer la trazabilidad de los teléfonos comercializados. Para ello, busca establecer mayores exigencias para que los comercios puedan acreditar la procedencia de los dispositivos y registrar las operaciones de compra y venta.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para intervenir sobre los circuitos de comercialización ilegal y reducir los incentivos económicos vinculados con el robo de celulares.

De esta manera, la agenda de seguridad provincial combina nuevas herramientas de control sobre el espacio público con iniciativas destinadas a combatir otros delitos, mientras continúa el debate sobre cómo articular las medidas de prevención con políticas de inclusión y oportunidades laborales.