La ONU dejó a Cristina esperando y al kirchnerismo sin festejos

Por RICARDO ZIMERMAN 

x: @RicGusZim1

La política argentina vuelve a quedar frente a una de esas escenas que el kirchnerismo conoce demasiado bien: cuando la realidad judicial no coincide con sus expectativas, intenta trasladar la discusión a otro terreno, cambiar el eje del debate y presentar sus propios problemas como una supuesta persecución institucional. Esta vez, el escenario elegido es internacional. Sin embargo, la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de no abordar durante su último período ordinario de sesiones el planteo presentado por la defensa de Cristina Kirchner para revisar la condena en la causa Vialidad representa un duro revés para una estrategia política que había depositado demasiadas esperanzas en una eventual intervención del organismo.

No hubo pronunciamiento favorable, tampoco una resolución que cuestionara el proceso judicial argentino ni una señal que permita anticipar un desenlace beneficioso para la ex presidenta. Simplemente, el organismo terminó sus sesiones sin tratar la presentación. La próxima oportunidad llegará recién en marzo. Y aunque desde el entorno cristinista intenten disimular la frustración, lo cierto es que el calendario internacional acaba de introducir un obstáculo importante en una operación que pretendía convertir una discusión jurídica en una herramienta de supervivencia electoral.

El problema para Cristina no es solamente la demora. Es que su estrategia política necesita mantener viva, permanentemente, la idea de que su situación judicial puede modificarse por una intervención externa. El kirchnerismo pretende instalar que existe una deuda internacional con su principal dirigente y que una eventual revisión de la condena podría transformarse en un argumento para cuestionar a la Justicia argentina. Pero hay una diferencia elemental entre presentar un reclamo ante un organismo internacional y conseguir que ese organismo le dé la razón. Esa diferencia parece incomodar bastante a quienes construyeron buena parte de su discurso político alrededor de la supuesta proscripción de la ex mandataria.

En el Instituto Patria no parecen dispuestos a abandonar la expectativa. La postergación fue recibida como una contingencia que todavía permite mantener abierta la puerta de marzo. Es comprensible desde la lógica de sus intereses: mientras exista una posibilidad, por remota que sea, la consigna seguirá funcionando como combustible para alimentar la militancia y sostener la centralidad de Cristina en la discusión opositora. Lo que no pueden garantizar es que esa expectativa termine convirtiéndose en una resolución favorable ni que una eventual opinión internacional tenga automáticamente consecuencias sobre una sentencia confirmada por la Justicia argentina.

La cuestión adquiere una dimensión todavía más política cuando aparece el horizonte electoral de 2027. Cristina Kirchner no quiere quedar reducida al papel de una dirigente que observa desde afuera la disputa por el poder. Su voluntad de volver a competir por la Presidencia continúa formando parte de su estrategia, aunque la situación judicial represente un condicionamiento decisivo. En el kirchnerismo se aferran a los tiempos electorales y consideran que todavía existe margen para sostener una candidatura nacional. La posibilidad de que se mantengan las PASO y los plazos previstos para cerrar alianzas y oficializar postulaciones alimentan esa expectativa.

Pero una cosa es conservar una aspiración política y otra muy diferente es estar en condiciones jurídicas de concretarla. El kirchnerismo parece empeñado en confundir ambas dimensiones, como si la voluntad de una dirigente pudiera imponerse sobre las consecuencias de una condena judicial. La política no puede convertirse en un mecanismo para neutralizar las decisiones de los tribunales, ni la popularidad de una figura pública constituye una garantía de inmunidad frente a la ley.

La fragmentación del peronismo también juega un papel central. Mientras Axel Kicillof, Sergio Massa y otros sectores del espacio intentan construir sus propios caminos, el cristinismo necesita evitar que la discusión sobre el liderazgo opositor se desarrolle sin Cristina como protagonista. Por eso, la consigna de su libertad seguirá ocupando un lugar privilegiado en el discurso partidario. No se trata únicamente de una reivindicación judicial: es, sobre todo, una herramienta para impedir que la ex presidenta pierda gravitación en la interna y para condicionar cualquier proyecto electoral que pretenda desarrollarse sin su aprobación.

En ese contexto deben interpretarse las actividades de Jorge Taiana, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi en Estados Unidos. Los integrantes del comité internacional que promueve la campaña Cristina Libre participaron en encuentros políticos y académicos en Nueva York, donde cuestionaron el proceso judicial de Vialidad y lo presentaron como un mecanismo de persecución política. También buscaron interlocutores entre dirigentes demócratas y representantes de ámbitos jurídicos y de derechos humanos. El objetivo es evidente: construir respaldo internacional, instalar una narrativa favorable a Cristina y convertir su situación judicial en un asunto de discusión fuera de las fronteras argentinas.

La intervención de Siley sintetizó esa estrategia al sostener que el proceso estuvo viciado de nulidad, que se vulneraron garantías constitucionales y que la ex presidenta habría sido apartada de la competencia electoral porque sus adversarios temen enfrentarla en las urnas. Es un argumento políticamente conveniente para el kirchnerismo, porque transforma una condena penal en una supuesta maniobra de sus enemigos. Sin embargo, repetir una acusación no demuestra su veracidad. Tampoco alcanza con invocar el género de una dirigente o denunciar una conspiración para deslegitimar automáticamente una decisión judicial.

La insistencia en presentar a Cristina como una víctima de un sistema que pretende impedirle competir tiene, además, una finalidad electoral muy concreta. El cristinismo sostiene que su dirigente conserva niveles de aceptación importantes dentro del universo opositor y que podría superar a otros referentes peronistas en determinadas mediciones. Pero ninguna encuesta reemplaza una resolución judicial, del mismo modo que ninguna movilización partidaria convierte una consigna en una verdad jurídica.

Hay, además, una contradicción difícil de ignorar. El kirchnerismo reclama respeto por las instituciones cuando considera que pueden favorecer sus intereses, pero cuestiona su legitimidad cuando sus decisiones resultan adversas. Durante años, Cristina y su espacio construyeron un discurso de poder que pretendía identificar al movimiento con la voluntad popular y a sus adversarios con intereses corporativos. Ahora, frente a una condena que no consiguieron revertir en la Justicia argentina, buscan que la discusión se traslade a organismos internacionales.

La postergación de la presentación ante Naciones Unidas no significa que el expediente internacional esté definitivamente cerrado. Pero tampoco constituye una victoria para Cristina, por más que sus seguidores intenten presentar la espera como una oportunidad. Hasta marzo, el cristinismo tendrá que administrar la incertidumbre y sostener una campaña política que necesita resultados que todavía no consiguió.

Mientras tanto, la Argentina tiene problemas económicos, sociales e institucionales que reclaman respuestas y una oposición capaz de discutir propuestas concretas. Sin embargo, una vez más, el kirchnerismo parece más preocupado por garantizar la supervivencia política de su jefa que por construir una alternativa de futuro. La discusión pública vuelve a girar alrededor de Cristina, de su condena y de sus posibilidades electorales.

Ese es, probablemente, el verdadero objetivo de toda esta operación: mantener a la ex presidenta en el centro de la escena, impedir que su liderazgo sea desplazado y convertir cada demora o decisión adversa en un nuevo capítulo de la supuesta persecución. Pero la política no puede funcionar como un salvoconducto judicial. Y la búsqueda de respaldos internacionales tampoco puede reemplazar las responsabilidades que corresponden a la Justicia. Cristina Kirchner podrá conservar su ambición presidencial, sus seguidores y su estructura política. Lo que no puede exigir es que el país entero acepte que sus problemas judiciales son, por definición, un problema de la democracia argentina.