La otra "bomba" para 2024: el sistema jubilatorio se hace infinanciable tras la moratoria y ya se analizan reformas

La discusión generada por la última moratoria previsional votada en el Congreso dejó en evidencia que, además de las urgencias financiera, la otra gran "bomba" que recibirá el próximo gobierno será la de un sistema jubilatorio al que todos los analistas consideran colapsado, injusto y fiscalmente inviable.

Fue la conclusión que expresaron todos: desde los opositores que criticaron la moratoria y la ven como una injusticia hacia quienes aportaron, hasta los kirchneristas que la votaron como una solución de corto plazo y festejaron una victoria política sobre "la derecha" pero en el fondo reconocen la necesidad de la reforma estructural.

Uno de los más explícitos al respecto fue el diputado Daniel Arroyo -ex ministro de Desarrollo Social-, quien tras la moratoria admitió ante las cámaras de TV: "Se necesita un cambio profundo del sistema jubilatorio, no podemos vivir de moratoria en moratoria. Con el tiempo va a haber menos aportantes, porque los jóvenes que hoy trabajan en las motitos son monotributistas, así que hay que prever otros tipos de aportes y el problema de la informalidad".

Y concluyó con una frase contundente: "El sistema está agotado". Es todo un cambio de postura, si se tiene en cuenta que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el entonces ministro Martín Guzmán afirmaba que una de las ventajas del "stand by" era que no preveía una reforma jubilatoria.

Ahora, en cambio, esa definición de Arroyo sobre el agotamiento del sistema que perfectamente podría haber sido firmada por los diputados de la oposición que rechazaron la moratoria y criticaron el costo fiscal de casi medio punto del PBI.

Así, el diputado José Luis Espert fundamentó la necesidad de una reforma en el hecho de que las jubilaciones excepcionales ya son la mayoría: "El régimen general representa una cuarta parte, otro cuarto son las moratorias y el resto son regímenes especiales".

Sistema agotado, de Argentina a Francia

La existencia de una "bomba previsional" deja, al menos, un consuelo: a diferencia de lo que ocurre en temas como la inflación o el cepo, no se trata de una extravagancia argentina sino que es una crisis que se vive en casi todo el mundo desarrollado. De hecho, en estos días se han visto imágenes de protestas callejeras masivas en Francia, contra una reforma que eleva de 62 a 64 años la edad del retiro.

En Francia, los fundamentos planteados para introducir esos cambios no difieren tanto de los que se pueden ver en Argentina: cambios demográficos, cambios culturales, dificultades fiscales.

¿Y en Argentina? Las estadísticas son contundentes: hoy la esperanza de vida es de 80 años para las mujeres y de 76 años para los hombres, mientras que en la década de los ’60, la expectativa era, respectivamente, de 67 y 61 años. Y esta situación positiva, permitida por el avance de la medicina, implica el desafío de cómo sostener jubilados que cobrarán durante un lapso mucho mayor que el de generaciones anteriores.

En definitiva, en todos los países se registra una reducción de la cantidad de aportantes al sistema. Es una consecuencia del envejecimiento de la población, pero también del impacto de la tecnología en el mercado laboral. Y, en el caso argentino, todo se ve agravado por la informalidad de la economía, que afecta a más de un tercio de los trabajadores.

Los expertos estiman que apenas seis de cada 10 jubilados llegan a la edad de retiro habiendo cumplido 30 años de aporte. Y todavía no llegó lo peor: "Debemos advertir a los monotributistas y autónomos que tendrán jubilaciones bajas, dado que las contribuciones a la jubilación de estos regímenes son ínfimas. Solo las categorías IV y V de autónomos pagan un aporte igual o superior al del salario promedio en relación de dependencia", apunta Andrea Falcone, una de las principales abogadas previsionales del mercado argentino.

Jubilación, la variable de ajuste

Claro que en el caso argentino hay, además del cambio demográfico, otras motivaciones más urgentes: básicamente, las exhaustas arcas del fisco. Y como las jubilaciones y pensiones son el rubro de mayor ponderación en el gasto público -aproximadamente un 40% del total-, resulta inevitable que, cada vez que se plantee el recorte fiscal, sean candidatas al ajuste.

Prueba de ello es que el FMI, en su revisión de diciembre, recomendó recortar en 0,2% el gasto previsional y en 0,6% la asistencia social. Y pese al alto costo político que implica esta medida en un año electoral, hasta ahora se está cumpliendo ese recorte, por la vía de la licuación inflacionaria.

El recorte -de 0,3 puntos del PBI- fue lo que permitió que el año pasado se haya cumplido la meta de bajar el déficit fiscal desde un nivel de 3,6% hasta un 2,4%. Entre los que más se había opuesto a la moratoria figuraba el ex ministro Guzmán, que entendía que sumar 800.000 jubilados pondría en riesgo la meta fiscal.

Aun así, el monto de las jubilaciones ha caído en términos reales, a tal punto que, según la Defensoría del Pueblo, hay un 70% de jubilados que cobran menos de la canasta básica estimada para ese segmento de la población.

Una historia de licuaciones

¿Cómo se explica el hecho de que, con un sistema que tiende a costarle cada vez más al Estado, los jubilados sean simultáneamente la variable del ajuste fiscal? La respuesta es sencilla: lo que se incrementa por un lado, se compensa por la vía de fórmulas indexatorias que no protegen contra la erosión inflacionaria.

Y es un tema que no distingue color político ni ideologías, porque en mayor o menor medida lo han hecho todos los gobiernos de la historia reciente.

La gestión de Cristina Kirchner, que por un lado agrandó el gasto al sumar tres millones de personas sin aportes suficientes, compensó con una fórmula indexatoria "pro-cíclica" -es decir, cuando la economía caía, las jubilaciones los hacían en mayor proporción -.

Luego el macrismo, con la "reparación histórica" de 2016 que reconoció los masivos reclamos judiciales, también incrementó el costo jubilatorio. En ese momento se generaron debates internos en el gobierno: la facción más "fiscalista" -que quedó en minoría- argumentaba que el gasto previsional podría crecer hasta representar 13% del PBI, una tasa que duplicaría al promedio latinoamericano y que superaría a los propios inventores del "Estado de bienestar" como Francia y Gran Bretaña, que rondaban el 12%.

La forma de compensar ese gasto fue la famosa y accidentada reforma de diciembre 2017. Un Congreso bajo piedras votó una fórmula indexdatoria que el macrismo presentó como progresista, porque ajustaba por inflación.

En realidad, lo que estaba en mente de los funcionarios era que la inflación seguiría en baja, mientras la economía crecería. De esa manera, las jubilaciones cada vez pesarían menos en términos de recaudación tributaria y de PBI. Sin embargo, la crisis devaluatoria de 2018 arruinó todo el plan.

Esa situación derivó en la reforma impulsada en 2020 por Guzmán, que más tarde sería ácidamente criticada desde el kirchnerismo. Se recuerda en particular la definición de la díscola diputada Fernanda Vallejos -la calificó como "esa reforma de mierda que nos hicieron votar"- y la responsabilizó por la derrota electoral en las legislativas.

Lo cierto es que el mecanismo indexatorio volvió a la lógica "pro-cíclica", que hacía que las jubilaciones quedaran descubiertas en un contexto de inflación creciente. Prueba de ello es la necesidad permanente de aprobar bonos extraordinarios para compensar la erosión del poder adquisitivo. En este período de gobierno las jubilaciones han sido la principal variable de ajuste. El último informe fiscal marca una caída real del 4%.

Esperando la próxima fórmula

Y todo indica que la historia se repetirá. Los expertos en las finanzas del sistema previsional dan por descontado que en 2024, gane quien gane, habrá otro cambio de fórmula indexatoria, de manera de compensar el impacto de la última moratoria.

Según la Fundación Mediterránea, en 14 provincias ya son mayoría los jubilados y pensionados que accedieron a su beneficio a través de moratorias. Son tres millones y medio de beneficiarios.

Habrá un desafío adicional: corregir la injusticia hacia los jubilados que han hecho sus aportes en regla. El economista Jorge Colina, director de Idesa, apunta que mientras los jubilados del régimen general cobran un promedio de $125.000, los de las moratorias perciben $120.000. Casi lo mismo, pero sin haber hecho aportes.

Pero a esta altura, la "solución" de la licuación por la vía inflacionaria también está encontrando sus límites.

"El problema va a ser para el que quiera bajar la inflación en serio. Porque va a tener más jubilaciones para pagar, gracias a renovación de las moratorias del 2023, sin la licuación de las jubilaciones del 2023. Porque cuando baja la inflación, la fórmula de movilidad hace que las jubilaciones recuperen lo perdido", argumenta Colina.

Y afirma que manipular la regla de movilidad implica "un tiro por la culata", porque generan deuda previsional escondida, que se termina pagando más tarde con retroactivos, intereses y honorarios en los juicios previsionales.

¿La hora de la reforma estructural?

En consecuencia, las posibilidades de una reforma de tipo estructural aparecen más altas que nunca. De hecho, en la oposición ya se estudian iniciativas. Y se descuenta que el tema estará, además, entre las exigencias del FMI.

Entre los puntos más mencionados aparece la posibilidad de que los trabajadores puedan ahorrar para tener un complemento individual a la jubilación estatal. Los expertos también sugieren que el sistema permita "jubilaciones parciales": hoy una persona sin aportes y otra con 29 años se jubilan con la pensión universal, de $41.000. Esto supone un desincentivo para el aporte de aquellas personas que ya saben que no podrán completar 30 años, y que esperarán a una nueva moratoria.

"El otro defecto de la PUAM es que prohíbe trabajar. Las personas que reciben la PUAM no son discapacitadas. Son personas que reciben una pensión universal en reconocimiento a haber llegado a la edad jubilatoria. Como cualquier otro jubilado, tiene derecho a poder seguir trabajando", apunta Colina.

Y después está, claro, el gran tabú: la edad de retiro y la tasa de sustitución -es decir, el porcentaje del sueldo que formará la jubilación-. Pero es un tema que, aun con el costo político que implica, se está discutiendo en el mundo.

"La Unión Europea desde el año 2010 elabora iniciativas que permiten extender la vida laboral activa. Debemos fomentar programas para la reconversión laboral de los mayores de 45 años", sostiene la abogada Falcone.

A primera vista parecen debates que, en la Argentina de hoy, quedan tapados por las urgencias. Sin embargo, están en la base de la otra "bomba" que el nuevo gobierno deberá desactivar.

 

 

* Para www.iprofesional.com