Villarruel otorga un bono extraordinario de $500.000 al personal del Senado y subraya el “ahorro presupuestario”

• Villarruel dispuso un bono extraordinario de $500.000 para el personal del Senado.
• El beneficio se pagará por única vez en diciembre y no impactará en el salario básico.
• Alcanzará a quienes hayan trabajado al menos seis meses en 2025; hay exclusiones por licencias y comisiones.
• El gasto se financiará con “ahorros acumulados” del presupuesto del Senado.
• La vicepresidenta sostiene que la medida busca mejorar condiciones laborales y fortalecer la carrera administrativa.
• Desde su entorno remarcan que el pago es posible gracias a políticas de austeridad y reducción de gastos.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, resolvió otorgar un bono extraordinario de 500 mil pesos para los trabajadores de la Cámara alta, una medida que se aplicará por única vez durante diciembre y que, según se aclaró oficialmente, no tendrá impacto en el salario básico ni generará adicionales. La decisión, formalizada a través de una resolución ya firmada, alcanza a la totalidad del personal permanente, temporario y a aquellos incluidos en regímenes especiales, siempre y cuando hayan prestado servicios efectivos durante al menos seis meses en 2025.

El pago, que surge en el cierre del año legislativo y en un contexto de tensiones sociales y reclamos salariales en distintos sectores estatales, se financiará con recursos propios del Senado. Según se detalla en los fundamentos de la norma, las partidas necesarias provienen de los “ahorros acumulados” a lo largo del año, producto —asegura la conducción del cuerpo— de las políticas de austeridad implementadas desde el comienzo de la gestión de Villarruel.

La resolución establece con claridad quiénes quedarán fuera del beneficio: no podrán cobrar el bono aquellos empleados que no hayan alcanzado el mínimo de seis meses de trabajo efectivo en 2025, así como tampoco quienes se encuentren en comisión, adscripción u otros esquemas por fuera de sus funciones habituales. También quedan excluidos quienes estén haciendo uso de licencias extraordinarias, un punto que apunta a delimitar la medida exclusivamente al personal activo en la estructura diaria del Senado.

En los considerandos del texto oficial, Villarruel sostiene que la asignación extraordinaria busca “promover mejores condiciones laborales” y fortalecer la carrera administrativa del personal legislativo. Según la argumentación, el bienestar de los trabajadores constituye un factor determinante para garantizar “el funcionamiento eficiente del Congreso”, especialmente en un año que ha demandado una alta actividad parlamentaria y en el que el Senado debió afrontar numerosas sesiones, negociaciones y readecuaciones organizativas.

La vicepresidenta también subraya que la Cámara alta está facultada para otorgar este tipo de asignaciones únicas cuando existan “situaciones excepcionales o de carácter estacional” que afecten al personal. Estos instrumentos, se explica, permiten responder a coyunturas puntuales sin alterar la estructura salarial ni generar compromisos permanentes en las cuentas públicas. En esa línea, desde su entorno remarcan que el bono no modifica escalas, no incorpora sumas fijas al sueldo básico y no produce efectos colaterales en conceptos remunerativos o no remunerativos.

El anuncio se inscribe en un contexto político en el que Villarruel ha buscado consolidar un perfil de firmeza administrativa y control del gasto. Sus colaboradores remarcan que la decisión de otorgar este bono es posible gracias a la política de ahorro que llevó adelante el Senado durante todo el año, con recortes en áreas operativas, revisiones contractuales y una reestructuración de gastos corrientes. Ese argumento convive, sin embargo, con las críticas de algunos sectores que observan con desconfianza la capacidad del Poder Legislativo de otorgar beneficios extraordinarios en un marco económico complejo.

Para la conducción del Senado, la medida también busca enviar una señal interna en un momento en el que el clima laboral en el Estado se encuentra atravesado por incertidumbres, revisiones de planta y reducciones presupuestarias. El bono, insisten, pretende no sólo compensar en parte el impacto inflacionario del año, sino también reforzar el vínculo institucional con el personal legislativo y reconocer la tarea realizada en un período marcado por debates de alto voltaje político.

Mientras se espera la implementación administrativa del pago, la resolución deja planteado un mensaje político más amplio: la voluntad de sostener una gestión que, según argumenta Villarruel, combina austeridad con reconocimiento al desempeño interno. Una fórmula que busca equilibrar el clima organizacional de una de las instituciones clave del sistema político argentino en un final de año particularmente exigente.