Ocaña cuestionó la ampliación de la venta libre de medicamentos y advirtió sobre un mayor costo para los pacientes

• Graciela Ocaña cuestionó la ampliación de la venta libre de determinados medicamentos.
• La legisladora sostuvo que la medida traslada a los pacientes gastos que antes cubrían las obras sociales, las prepagas y el PAMI.
• Según su análisis, los medicamentos que pasan a venta libre dejan de contar con cobertura obligatoria.
• Ocaña estimó que el cambio representa una importante transferencia de recursos hacia los financiadores del sistema de salud.
• La ANMAT fundamentó la decisión en evidencia científica y antecedentes de uso seguro de los principios activos.
• El debate reabrió la discusión sobre el impacto de la desregulación en el acceso a los medicamentos y en el costo que deben afrontar los pacientes.

La legisladora porteña y ex ministra de Salud Graciela Ocaña cuestionó la decisión del Gobierno nacional de ampliar la venta libre de determinados medicamentos y sostuvo que la medida no representa un beneficio económico para los consumidores. Según afirmó, el cambio en la modalidad de expendio implica trasladar a los pacientes gastos que hasta ahora eran cubiertos, al menos parcialmente, por las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

Las declaraciones de Ocaña se produjeron luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolviera ampliar la condición de venta libre de diez principios activos destinados al tratamiento de afecciones consideradas de baja complejidad. Desde el organismo se explicó que la decisión fue adoptada sobre la base de evidencia científica, antecedentes de utilización segura durante años y criterios aplicados por agencias regulatorias de otros países.

Sin embargo, la ex funcionaria rechazó esos argumentos y sostuvo que el principal efecto de la medida será modificar la forma en que se financia la compra de esos medicamentos. Explicó que, al dejar de requerir receta médica para su expendio, esos productos también dejan de estar alcanzados por los regímenes de cobertura obligatoria que actualmente ofrecen las obras sociales, las prepagas y el PAMI.

De acuerdo con su interpretación, esa modificación implica que los descuentos que habitualmente reciben los afiliados, que en algunos casos oscilan entre el 40% y el 60% del valor del medicamento, dejarán de aplicarse, por lo que el costo pasará a ser afrontado íntegramente por los pacientes.

Ocaña consideró que esta situación constituye una importante transferencia de recursos desde los usuarios del sistema de salud hacia los financiadores, al reducir las erogaciones que deben afrontar las obras sociales y las empresas de medicina prepaga para cubrir esos tratamientos.

En ese contexto, también dirigió críticas hacia la conducción del Ministerio de Salud. La legisladora sostuvo que la decisión favorece principalmente a los financiadores del sistema sanitario y estimó que el ahorro para esos sectores podría superar los 100 millones de dólares anuales, monto que, según su visión, será absorbido directamente por los consumidores al momento de adquirir los medicamentos.

La ex ministra también cuestionó el argumento oficial de que la ampliación de la venta libre fortalece la libertad de elección de los usuarios. A su entender, el verdadero ejercicio de ese derecho consiste en garantizar condiciones de acceso efectivo a los tratamientos médicos y preservar la cobertura que permite reducir el impacto económico sobre las familias.

Otro de los aspectos señalados por Ocaña se relaciona con la comercialización de medicamentos fuera del ámbito exclusivo de las farmacias. En ese sentido, advirtió que una mayor flexibilización en los canales de venta podría incrementar el riesgo de circulación de productos falsificados o de origen no controlado, además de dificultar los mecanismos de fiscalización sanitaria.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la decisión busca facilitar el acceso de la población a medicamentos destinados al tratamiento de patologías menores, apoyándose en la experiencia acumulada por estos principios activos y en estándares regulatorios utilizados en otros mercados. La ANMAT remarcó que la medida se adoptó luego de evaluar el perfil de seguridad de cada producto y su utilización durante largos períodos.

El debate generado por la resolución volvió a poner en discusión el equilibrio entre la desregulación del mercado farmacéutico, la protección de los consumidores y el financiamiento del sistema de salud. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para ampliar el acceso y simplificar los mecanismos de compra, desde distintos sectores advierten que el cambio podría incrementar el gasto directo de los pacientes y reducir el alcance de las coberturas actualmente vigentes.