


Durante meses fuimos prácticamente una voz en soledad. Mientras la política se sacaba fotos, cortaba cintas imaginarias y vendía los Juegos Odesur como si fueran la solución a todos los problemas de Rafaela, desde R24N advertimos algo muy simple: las obras no terminan cuando se inauguran. Ahí recién empiezan.
Muchos prefirieron mirar para otro lado. Era más cómodo. Era más rentable. Había demasiados intereses dando vueltas como para hacerse la pregunta incómoda. ¿Quién va a pagar el mantenimiento de semejante infraestructura cuando se apaguen las luces de los Juegos?
Hoy, cuando la mayor parte del dinero ya fue gastado y cuando seguramente más de uno ya obtuvo su conveniencia política o económica, empiezan a aparecer, tímidamente, algunas voces diciendo exactamente lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo.
El nuevo velódromo será una obra importante. Nadie discute eso. El problema nunca fue la obra. El problema siempre fue el día después.
Porque un velódromo de estas características requiere un mantenimiento altamente específico, permanente y costoso. No alcanza con pasar una escoba. Hay que preservar la pista, controlar la estructura, mantener instalaciones técnicas y evitar que una inversión millonaria termine convertida en otro monumento al abandono estatal.
Y ese mantenimiento no será gratis.
Alguien lo va a tener que pagar.
Si ese alguien sigue siendo Leonardo Viotti, ya conocemos el libreto. Cada vez que aparecen dificultades económicas, la respuesta es la misma: aumentar impuestos. Hasta ahora, su verdadera política de gestión no fue revolucionar la ciudad ni hacer más eficiente el Estado. Fue recaudar más.
Los vecinos ya lo vivieron.
Mientras tanto, siguen existiendo funcionarios que cobran cifras escandalosas sin que nadie pueda explicar cuál es el aporte concreto que realizan. El caso de Fernando Muriel es uno de los más evidentes. Un funcionario que, según se denuncia públicamente, percibe cerca de cincuenta millones de pesos al año mientras muy pocos pueden señalar cuál es el trabajo efectivo que desarrolla dentro del municipio.
Esa es la política que indigna.
Porque cuando falta dinero para mantener una obra pública, nunca se empieza recortando los privilegios de la política. Siempre se mira el bolsillo del contribuyente.
Si en 2027 llega otro intendente, tal vez aparezcan ideas más inteligentes. Tal vez exista una administración más eficiente que permita reducir costos, generar convenios o encontrar mecanismos de financiamiento que eviten trasladarle toda la cuenta al vecino.
Ojalá sea así.
Pero que nadie se engañe ni intente engañarnos.
Las obras de los Juegos Odesur tendrán un costo operativo elevado durante muchos años. Eso no es una opinión; es una realidad. Y quien gobierne Rafaela deberá demostrar capacidad de gestión para evitar que ese gasto termine convirtiéndose, otra vez, en una excusa para aumentar las tasas municipales.
Que quede claro: nadie está en contra de que lleguen obras importantes para la ciudad. Todo lo contrario. Bienvenidas sean.
Lo que no estamos dispuestos a aceptar es la irresponsabilidad de una dirigencia que inaugura pensando en la foto y nunca explica quién pagará la factura cuando los aplausos se terminen.
Porque las obras pasan.
Las campañas también.
Pero los impuestos, cuando aumentan, se quedan.
Y por eso hoy abrimos el paraguas. Porque conocemos demasiado bien a la política como para creer que esta vez será diferente.








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