Fuerte rechazo de abogados y organismos de derechos humanos a un proyecto de seguridad en Santa Fe

Un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo de Santa Fe para introducir cambios en materia de seguridad pública quedó bajo cuestionamiento durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados. Abogados, representantes vecinales y organismos de derechos humanos plantearon objeciones a distintos artículos de la iniciativa y advirtieron sobre posibles conflictos con garantías constitucionales.

El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El eje de las exposiciones fue el mensaje denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”, que cuenta con tratamiento preferencial previsto para el jueves 29 de octubre.

Durante la reunión, varios profesionales del Derecho expresaron su preocupación por el alcance de las modificaciones propuestas. Entre las principales críticas, señalaron que algunos puntos podrían representar un retroceso en materia institucional y cuestionaron su compatibilidad con la Constitución.

La discusión se suma a una serie de consultas que los legisladores vienen desarrollando antes de avanzar con una definición parlamentaria. Una semana atrás, representantes de la Corte Suprema de Justicia provincial también habían expuesto sus consideraciones ante los diputados, en un encuentro que contó con una participación más numerosa.

Diferencias políticas antes de definir el dictamen

Con las exposiciones de los distintos sectores ya incorporadas al debate, los legisladores deberán avanzar ahora en la elaboración del dictamen. La tarea no aparece sencilla, ya que todavía existen diferencias dentro del interbloque oficialista de Unidos, que deberá buscar una posición común antes de negociar con las demás fuerzas políticas.

Aunque actualmente hay tres mensajes del Ejecutivo en discusión, las intervenciones de esta última jornada se concentraron principalmente en la propuesta vinculada con las herramientas de seguridad pública.

La diputada Matilde Bruera también cuestionó esa iniciativa, pero diferenció su postura respecto de otro de los proyectos en análisis, orientado a crear institutos propios dentro del sistema de Defensa Pública, al que manifestó su respaldo.

El intercambio dejó en evidencia que el tratamiento legislativo todavía requiere acuerdos y revisiones. Con la fecha prevista para el tratamiento preferencial cada vez más cerca, la discusión girará en torno a la posibilidad de introducir modificaciones que permitan acercar posiciones y reunir los consensos necesarios para avanzar con las propuestas.