Malvinas: el tribunal internacional fijó las audiencias por la explotación petrolera británica

• El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó las audiencias para el 10 y 11 de noviembre de 2026.
• La Argentina busca frenar la explotación petrolera británica en el proyecto Sea Lion, al norte de Malvinas.
• El reclamo incluye la suspensión de actividades, restricciones a nuevos permisos y medidas para proteger los derechos argentinos.
• La presentación sostiene que un derrame petrolero podría alcanzar aguas argentinas en un plazo de días o semanas.
• El Reino Unido confirmó que participará del procedimiento, pero defendió las licencias y la continuidad de las operaciones.
• La decisión del tribunal determinará si se imponen medidas provisionales mientras avanza el arbitraje internacional.

El conflicto por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur ingresó en una etapa decisiva. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) estableció el 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para las audiencias orales en las que analizará el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La instancia buscará determinar si corresponde ordenar la suspensión de las actividades mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá resolver el fondo de la controversia.

La decisión fue formalizada mediante una orden firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara la solicitud cautelar. Las audiencias serán públicas y se realizarán en la sede del tribunal, en Hamburgo, con transmisión en vivo por internet. Los magistrados deberán evaluar si existe fundamento jurisdiccional inicial, si la urgencia justifica una intervención y si las medidas reclamadas resultan proporcionales.

La Argentina pretende que se impida el inicio o la continuidad de la explotación petrolera, que el Reino Unido no utilice información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que deje de obstaculizar el cumplimiento de obligaciones ambientales y que se abstenga de conceder nuevos permisos capaces de agravar la disputa. Si el tribunal concede las medidas, estas serán obligatorias para el Reino Unido, aunque el tribunal arbitral posterior podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

La presentación se inscribe en una estrategia iniciada el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a activar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente a Londres. La advertencia argentina establecía un plazo de dos semanas para que se frenara la explotación. Ante la falta de cambios en la posición británica, el canciller Pablo Quirno formalizó el pedido ante el ITLOS el 13 de octubre, invocando el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que contempla medidas provisionales antes de la constitución del tribunal arbitral.

El proyecto cuestionado se encuentra a unos 198 kilómetros al norte de Malvinas, en un área de 541,40 kilómetros cuadrados. La operación está a cargo de Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%. Ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectan comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028. La perforación de la primera fase se prevé para comienzos de 2027, mientras avanzan los preparativos de infraestructura en las islas.

Uno de los ejes centrales del reclamo argentino es la protección ambiental. La presentación sostiene que las obligaciones de preservar el medio marino alcanzan a todos los Estados, independientemente de las controversias sobre soberanía territorial. Ese argumento permitiría al tribunal examinar los riesgos ambientales sin pronunciarse sobre la titularidad de las islas.

Como respaldo, el escrito cita antecedentes de fallas en perforaciones cercanas y un plan de contingencia que advierte sobre la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas. Según ese documento, existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional después de 30 días, mientras que para un crudo más liviano la probabilidad llegaría al 100% en apenas 14 días. La presentación también cuestiona la experiencia de las dos operadoras, al afirmar que ninguna cuenta con antecedentes como responsable de un campo offshore en producción.

La controversia se amplió cuando, el 21 de septiembre, las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años varias licencias de producción de hidrocarburos. La Argentina considera que esas decisiones unilaterales agravan el conflicto y recuerda las resoluciones de las Naciones Unidas vinculadas con la descolonización y el llamado a evitar modificaciones unilaterales.

El Reino Unido, por su parte, confirmó que participará del proceso, pero rechazó que la notificación argentina invalide las licencias o implique la interrupción de las actividades petroleras. Al mismo tiempo, activó legislación destinada a proteger sus intereses comerciales frente a regulaciones extranjeras y advirtió que podría adoptar nuevas medidas. Sin embargo, su posición oficial reconoce que las medidas provisionales dictadas por el tribunal son vinculantes para las partes y que Londres cumpliría con sus obligaciones internacionales.

El procedimiento tiene antecedentes en otros litigios ante el ITLOS, entre ellos el caso de Ghana y Costa de Marfil, en el que se ordenó no realizar nuevas perforaciones en un área marítima disputada. También existe el precedente de la fragata ARA Libertad, cuya liberación fue ordenada en 2012 tras una solicitud argentina de medidas provisionales. La audiencia de noviembre será el próximo paso para determinar si el tribunal adopta una decisión urgente sobre Sea Lion antes de que avance el arbitraje principal.