Aprobada la reforma educativa en Santa Fe: nuevas obligaciones y derechos

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó el 6 de octubre una reforma constitucional que introduce cambios significativos en el ámbito educativo, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad del Estado y garantizar derechos. La votación, con 50 a favor y 15 en contra, respalda modificacione en los artículos dedicados a la educación, según destacaron el Ministro de Educación, José Goity, y la convencional constituyente Daiana Gallo Ambrosis.

En una conferencia de prensa, Goity subrayó la importancia de la reforma, señalando que ahora se reconoce la evaluación de aprendizajes con rango constitucional. "El Estado tiene la obligación de rendir cuentas sobre los resultados educativos, independientemente del gobierno de turno", indicó.

La nueva constitución introduce la obligatoriedad de la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, además de incluir la educación superior como parte del derecho a la formación integral de cada ciudadano, asegurando que el Estado acompañe sus proyectos de vida. Según Goity, se garantiza la elección del tipo de educación que las familias deseen para sus hijos, reflejando un enfoque inclusivo.

Uno de los cambios más notables es la eliminación del término "atípicos" en la constitución anterior, en favor de un enfoque inclusivo que reconozca todas las trayectorias educativas. Asimismo, se establece que la educación es pública y privada, gratuita, laica y de calidad, puntualizó Gallo Ambrosis.

El artículo 111 vincula la educación con el mundo del trabajo, garantizando trayectorias educativas que faciliten la inserción laboral y promuevan la enseñanza en alfabetización digital, educación ambiental y salud. Aunque la Educación Sexual Integral (ESI) no se menciona explícitamente, Goity aclaró que está contemplada bajo el derecho a la salud.

La nueva constitución reafirma la responsabilidad del Estado de proporcionar recursos suficientes para mantener el sistema educativo y asegura condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores de la educación, abarcando a docentes, asistentes y profesionales de escuelas especiales.

Finalmente, Gallo Ambrosis hizo hincapié en la necesidad de desarrollar una nueva ley provincial de educación que traduzca estos principios constitucionales en políticas concretas, destacando la importancia de incluir la voz de la comunidad en esta tarea.