El Gobierno busca acelerar leyes clave antes de que el Mundial paralice al Congreso

• El Gobierno busca acelerar proyectos legislativos antes del Mundial
• La Casa Rosada pretende garantizar al menos una sesión parlamentaria
• El oficialismo reconoce que después de julio la actividad caerá fuertemente
• El Super RIGI y la Reforma Política figuran entre las prioridades
• Los gobernadores comienzan a enfocarse en sus propias elecciones
• La relación con los aliados se vuelve más compleja por la disputa electoral

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol ya comenzó a alterar la dinámica política en el Congreso y el oficialismo intenta adelantarse a un escenario que considera inevitable: una fuerte desaceleración legislativa durante las semanas en que la atención pública quede concentrada en la competencia que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, la Casa Rosada ya trabaja para garantizar al menos una sesión parlamentaria antes de que el receso político y la agenda electoral reduzcan al mínimo la actividad en el Senado y Diputados.

En los pasillos del Congreso reconocen que existe una directiva concreta del Gobierno para intentar avanzar con varios proyectos considerados prioritarios antes de julio. La estrategia responde a una doble preocupación: por un lado, el impacto social y mediático que históricamente genera la Copa del Mundo en la Argentina y, por otro, el inicio de una etapa de mayor tensión política vinculada al calendario electoral y a las disputas provinciales.

Desde el entorno libertario admiten que el margen de maniobra comenzará a reducirse después de las vacaciones de invierno. Legisladores cercanos al oficialismo sostienen que, una vez iniciado el Mundial, la centralidad política se trasladará casi por completo al torneo y que el Congreso quedará relegado a un segundo plano. Bajo esa lógica, la prioridad pasa por acelerar el tratamiento de iniciativas que todavía encuentran fuertes resistencias tanto en sectores aliados como en la oposición.

El temario que pretende impulsar el Ejecutivo incluye proyectos de alto voltaje político y económico. Entre ellos aparecen el denominado Super RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, la Reforma Política, la llamada Ley Hojarasca y la iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, que cobró impulso tras la última sesión conflictiva en el Senado. Todos esos expedientes enfrentan cuestionamientos diversos y requieren negociaciones complejas para alcanzar consensos mínimos.

En paralelo, el oficialismo todavía evita abrir el debate por la denominada Zona Fría, que ya cuenta con media sanción de Diputados. El problema para avanzar con esa iniciativa radica en la composición del Senado, donde el peso de los legisladores patagónicos condiciona cualquier intento de modificación o recorte del esquema de subsidios energéticos.

Dentro de La Libertad Avanza reconocen que el escenario legislativo está prácticamente congelado y que incluso proyectos impulsados por el propio Gobierno encuentran trabas inesperadas. La Ley Hojarasca, por ejemplo, enfrenta objeciones de bloques aliados que reclaman cambios antes de acompañarla. En ese marco, también comenzó a evaluarse una alternativa para la reforma electoral: eliminar la obligatoriedad de las PASO, una propuesta que tendría respaldo parcial del PRO y de sectores de la UCR.

Las dificultades no se limitan al Congreso. En la Casa Rosada observan con preocupación el comportamiento futuro de los gobernadores, especialmente de aquellos mandatarios que hasta ahora mantuvieron una relación relativamente cercana con el Ejecutivo. El cálculo oficial es que la proximidad de las elecciones provinciales y la posibilidad de reelección en gran parte de los distritos modificarán las prioridades políticas de los mandatarios.

Actualmente, 17 de los 24 gobernadores tienen habilitada la posibilidad de competir nuevamente por sus cargos. En el oficialismo creen que ese escenario llevará a muchos dirigentes provinciales a tomar distancia del Gobierno nacional para fortalecer sus propios armados territoriales. La decisión libertaria de presentar candidatos propios en distintas provincias también agrega tensión a la relación política con los aliados circunstanciales.

En ese contexto, el Ejecutivo enfrenta un desafío adicional: sostener mecanismos de negociación que hasta ahora funcionaron para evitar bloqueos legislativos. Uno de esos instrumentos fue la transferencia de recursos y fondos a las provincias, una herramienta utilizada para contener reclamos de gobernadores golpeados por la caída de ingresos y la crisis financiera de las administraciones locales.

Sin embargo, en sectores parlamentarios ya advierten que ese esquema podría comenzar a perder eficacia. Algunos legisladores opositores sostienen que la cercanía de las campañas electorales reducirá el incentivo para acompañar iniciativas sensibles impulsadas por el Gobierno. También remarcan que la negativa oficial a introducir modificaciones en determinados proyectos alimenta el malestar y paraliza las comisiones.

Mientras tanto, el oficialismo intenta administrar el tiempo político antes de que el Mundial y la campaña electoral terminen de condicionar una agenda legislativa que ya se encuentra atravesada por tensiones internas, negociaciones frágiles y una creciente dificultad para construir mayorías estables.