El Gobierno proyecta la privatización de 6.000 kilómetros de rutas con exención total de impuestos

En respuesta a los crecientes cuestionamientos sobre el deterioro de la red vial del país, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para privatizar 6.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de desgravación impositiva. Durante una exposición institucional, el titular de la cartera económica detalló que el objetivo de la iniciativa es otorgar un fuerte incentivo al capital privado eliminando por completo la carga tributaria en los tres niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal— para abaratar costos y acelerar los plazos de ejecución en las obras de infraestructura.

La medida busca profundizar el proceso de concesiones que la actual administración ya inició mediante la adjudicación de cerca de 9.000 kilómetros de corredores en contratos a 20 años. Para la concreción de este nuevo marco, el Palacio de Hacienda confía en lograr el consenso de los gobernadores provinciales, bajo la premisa de que la inversión en conectividad territorial resulta prioritaria para el desarrollo económico regional. Según lo planteado por el Ministerio, el compromiso de los estados provinciales e intendentados en la renuncia a la cobrabilidad de tasas locales será determinante para la factibilidad del modelo.

El anuncio oficial se produce en un contexto de fuertes críticas dirigidas a la gestión de los recursos públicos, puntualmente respecto al destino de los fondos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Pese a que la legislación vigentes determina que un porcentaje directo de dicho tributo debe redirigirse al mantenimiento de la infraestructura de transporte, análisis sectoriales independientes señalan que la retención de estos caudales por parte del Poder Ejecutivo privó a la red vial del mantenimiento de más de 9.000 kilómetros. Según estos relevamientos, la carga impositiva en el surtidor experimentó un notable incremento desde finales de 2023, sin que ello se traduzca en obras de conservación.

Frente a los cuestionamientos de sectores opositores por la falta de inversión estatal en la Dirección Nacional de Vialidad, el ministro desestimó los reclamos señalando a la gestión previa como la responsable del déficit estructural. De esta forma, la apuesta del Gobierno nacional se orienta a sustituir el financiamiento público por concesiones privadas libres de impuestos, transfiriendo al sector empresarial la responsabilidad de reparar y operar las principales vías de tránsito de la Argentina.