El PRO adopta cautela ante los cambios en el sistema de inteligencia impulsados por el Gobierno

• El PRO adoptó una postura de cautela frente al Decreto 941/2025
• Conformó un equipo técnico para analizar el alcance del DNU
• Reclamó la publicación de protocolos y normativa complementaria
• Valoró la integración de bases de datos, con límites en protección de datos
• Pidió precisión sobre facultades excepcionales como la aprehensión de personas
• Planteó la necesidad de una reforma integral con controles democráticos sólidos

El PRO fijó una posición de prudencia institucional frente al Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones en la estructura de la SIDE y en la Ley de Inteligencia Nacional. Sin adelantar un respaldo ni un rechazo formal, el principal espacio opositor reclamó precisiones técnicas, reglamentarias y operativas antes de definir su postura definitiva sobre una medida que considera de alta sensibilidad para la seguridad y la defensa nacional.

Desde el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo señalaron que el tema requiere un análisis exhaustivo y alejado de posicionamientos apresurados. En ese marco, informaron que se conformó un equipo técnico especializado con el objetivo de estudiar el alcance jurídico y político del decreto, así como sus eventuales impactos sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia y los controles institucionales vigentes.

La decisión de avanzar con un estudio detallado responde, según explicaron, a la complejidad del asunto y al carácter estratégico de las funciones involucradas. Para el PRO, cualquier modificación en el esquema de inteligencia del Estado debe evaluarse no solo desde la eficiencia operativa, sino también desde el respeto a las garantías constitucionales y al equilibrio entre seguridad y derechos individuales.

En un comunicado difundido tras conocerse el decreto, la bancada remarcó que aguardará la publicación de los protocolos de uso, las reglas de empeñamiento y la normativa complementaria que deberá acompañar la reforma. Recién una vez conocidos esos instrumentos, afirmaron, el espacio estará en condiciones de fijar una posición definitiva sobre el contenido y la viabilidad del DNU.

En ese sentido, el PRO recordó que la utilización de decretos de necesidad y urgencia para modificar la Ley de Inteligencia no constituye una novedad en la historia política argentina. Distintos gobiernos, de signos partidarios diversos, recurrieron a esa herramienta para introducir cambios en un área tradicionalmente sensible, lo que no exime —según aclararon— de la obligación de garantizar controles democráticos efectivos.

Dentro del análisis preliminar, el espacio opositor reconoció algunos aspectos que considera positivos. Entre ellos, destacó el proceso de integración y unificación de bases de datos estatales, al que definió como una modernización largamente postergada. Desde el PRO subrayaron que una mayor interoperabilidad entre organismos puede mejorar la capacidad de prevención y análisis del Estado frente a amenazas complejas y transnacionales.

Sin embargo, advirtieron que esa integración deberá ajustarse de manera estricta a la legislación vigente en materia de protección de datos personales. Para el bloque, la modernización tecnológica no puede avanzar a expensas de la privacidad ni habilitar zonas grises en el manejo de información sensible de los ciudadanos.

Uno de los puntos que genera mayor atención dentro del PRO es la delimitación de las facultades operativas de los organismos de inteligencia. En particular, señalaron la necesidad de precisar con claridad cualquier atribución vinculada a la aprehensión de personas, a la que consideraron excepcional y ajena a las tareas habituales de inteligencia estratégica. En ese aspecto, insistieron en que cualquier habilitación de este tipo debe ser restrictiva, claramente reglamentada y sujeta a control judicial.

A 25 años de la sanción de la Ley 25.520, el PRO sostuvo que el debate de fondo sigue siendo la necesidad de una reforma estructural del sistema de inteligencia. Según el espacio, los cambios deben contemplar los nuevos desafíos globales, como el crimen organizado transnacional, el terrorismo y las amenazas cibernéticas, pero siempre bajo un esquema de controles democráticos sólidos y pleno sometimiento al marco legal.

La postura adoptada refleja una estrategia de cautela frente a una iniciativa que, por su naturaleza, abre un debate profundo sobre los límites del poder estatal y la protección de los derechos en un contexto de creciente complejidad en materia de seguridad.