Santa Fe confirmó un déficit de casi $595.000 millones y se abrió una fuerte polémica política

La publicación de los estados económicos y contables de la provincia de Santa Fe correspondientes al período enero-mayo de 2026 reavivó el debate político sobre la situación de las finanzas públicas. Los informes oficiales reflejan un déficit acumulado de $594.989,85 millones, luego de que los gastos superaran a los ingresos durante los primeros cinco meses del año.

Los datos, difundidos con varios meses de demora respecto de los plazos habituales, muestran que la provincia registró ingresos por $5,56 billones, mientras que las erogaciones alcanzaron los $6,15 billones, generando un resultado negativo cercano a los $595.000 millones.

La publicación de esta información había sido reclamada desde principios de año por distintos sectores de la oposición. Entre ellos, el diputado provincial Walter Agosto cuestionó la demora en la difusión de los registros contables y sostuvo que la información resulta indispensable para el seguimiento de la administración pública, tanto por parte de los legisladores como de inversores, empresarios y la ciudadanía en general.

Según el legislador, la demora en la publicación respondió a la magnitud del desequilibrio fiscal reflejado en las cuentas provinciales. Además, consideró que el incremento del gasto público terminó superando el comportamiento de los recursos, lo que derivó en el resultado deficitario.

Desde el Gobierno provincial ofrecieron una interpretación diferente. El Ministerio de Economía explicó que el déficit forma parte de una estrategia anticíclica destinada a sostener la actividad económica y mantener el nivel de inversión pública en un contexto de menores transferencias nacionales.

Las autoridades aseguraron que el funcionamiento cotidiano del Estado no se vio comprometido y afirmaron que los recursos corrientes permitieron sostener los servicios esenciales, como salud, asistencia social y transporte público. También señalaron que el desequilibrio fue financiado mediante disponibilidades acumuladas y otras fuentes financieras, sin recurrir a atrasos en los pagos ni generar nueva deuda flotante.

Sin embargo, desde la oposición rechazaron esa explicación y sostuvieron que la situación responde a un crecimiento del gasto por encima de la evolución de los ingresos provinciales y nacionales, lo que consideran un problema estructural de las cuentas públicas.

La difusión de los balances abre ahora una nueva etapa de discusión política sobre la administración de los recursos provinciales, el nivel del gasto y las perspectivas fiscales para el resto del año, en un escenario marcado por el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el impacto de la coyuntura económica nacional.