Rafaela: el Concejo arde y Viotti queda bajo la lupa

RESUMEN

1. El Concejo Municipal aprobó por mayoría la adhesión de Rafaela a la Ley Provincial de Emergencia Hídrica.

2. La Libertad Avanza propuso controles adicionales para evitar excesos en las facultades del Ejecutivo y exigir informes mensuales.

3. El justicialismo reclamó explicaciones por el incendio que destruyó una pala cargadora del Complejo Ambiental.

4. Hubo cuestionamientos a la gestión de Leonardo Viotti por la falta de información y las respuestas ante distintas problemáticas.

5. El programa municipal Construir Juntos generó un fuerte cruce político por la situación económica de las familias y la asistencia para mejorar viviendas.

Una sesión atravesada por diferencias políticas y reclamos de gestión

Lo que parecía una sesión breve del Concejo Municipal de Rafaela terminó convirtiéndose en un extenso debate con posiciones enfrentadas sobre la emergencia hídrica, el estado de la maquinaria municipal y las dificultades de acceso a la vivienda. Aunque los ediles comenzaron con el reconocimiento al 50.º aniversario del Rotary Club Rafaela Oeste, el tratamiento de los distintos proyectos dejó al descubierto las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Uno de los primeros asuntos abordados fue una iniciativa de Lisandro Mársico y Carla Boidi para que el Departamento Ejecutivo impulse una campaña informativa sobre la normativa nacional vinculada con el cobro de aranceles por la reproducción de música en acontecimientos privados y de acceso restringido.

La propuesta también contempla brindar orientación a particulares, instituciones y organizadores que reciban intimaciones o reclamos de SADAIC y AADI CAPIF, entidades vinculadas con los derechos de autores, compositores, intérpretes y productores musicales.

Mársico explicó que, según su interpretación de los antecedentes judiciales, los eventos privados con acceso restringido no deberían afrontar esos aranceles. Por ese motivo, planteó que la Oficina Municipal de Información al Consumidor intervenga para asesorar a quienes reciban reclamos y difundir los alcances de la normativa.

El concejal Juan Senn adelantó su acompañamiento, pero aprovechó la discusión para cuestionar al intendente Leonardo Viotti. Sostuvo que transcurrieron más de dos años desde la firma del decreto sin que el Municipio tomara medidas suficientes para informar a las familias que organizan fiestas de graduación y otros eventos privados. También cuestionó los elevados montos que, según señaló, deben afrontar padres y estudiantes para realizar sus celebraciones.

Emergencia hídrica: acuerdo general y diferencias sobre los controles

El debate más prolongado estuvo relacionado con la adhesión de Rafaela a la Ley Provincial N.º 14.477, que establece la emergencia hídrica en todo el territorio santafesino.

Desde el oficialismo, el concejal Juan Scavino defendió la iniciativa al advertir sobre la posible llegada del fenómeno climático El Niño y la necesidad de contar con mecanismos que permitan acelerar la disponibilidad de recursos ante eventuales contingencias. Según explicó, la adhesión busca evitar demoras administrativas cuando la rapidez de respuesta resulte determinante.

Sin embargo, La Libertad Avanza presentó dos modificaciones destinadas a establecer límites y mecanismos de control. Una pretendía aclarar que la adhesión no habilitaba automáticamente al Ejecutivo a disponer expropiaciones o imponer restricciones extraordinarias sobre propiedades privadas. La otra proponía que el Municipio enviara al Concejo informes mensuales sobre las medidas adoptadas durante la emergencia.

La concejal Milagros Zafra argumentó que una herramienta de estas características puede resultar útil, pero advirtió que no debe transformarse en una autorización irrestricta para los gobiernos provincial y municipal. También manifestó reparos sobre determinadas disposiciones de la ley y su posible impacto en el derecho a la propiedad privada.

Scavino respondió que las facultades contempladas en la norma corresponden a la Provincia y que el Concejo debía resolver si Rafaela adhería o no al régimen establecido.

Por su parte, Lisandro Mársico consideró que, si existen objeciones constitucionales contra la legislación provincial, el camino correspondiente es la Justicia. A su entender, el cuerpo legislativo municipal debía pronunciarse sobre la adhesión sin atribuirse facultades que no le corresponden.

Una postura más crítica expresó Fabricio Dellasanta, quien puso el foco en las causas que llevaron a la declaración de emergencia. El concejal sostuvo que, más allá de la necesidad de actuar ante las lluvias, también corresponde preguntarse por qué no se ejecutaron oportunamente las obras necesarias para prevenir las consecuencias de estos fenómenos. En ese sentido, cuestionó tanto a la actual administración provincial como a las anteriores.

Senn, en tanto, consideró contradictorio adherir a una ley y al mismo tiempo objetar sus disposiciones. También señaló que el problema está vinculado principalmente con las precipitaciones y que las obras de canalización todavía requieren trabajos adicionales.

Finalmente, el proyecto original fue aprobado por mayoría. Las modificaciones impulsadas por La Libertad Avanza no prosperaron, mientras que Zafra y Dellasanta se abstuvieron. De esta manera, Rafaela formalizó su adhesión a la emergencia hídrica provincial sin incorporar los controles adicionales propuestos por ese espacio político.

Una pala cargadora destruida y nuevos interrogantes sobre el Complejo Ambiental

Otro de los puntos de la sesión estuvo relacionado con el incendio que afectó a una pala cargadora frontal en el Complejo Ambiental. El bloque justicialista presentó una minuta para solicitar información oficial sobre los daños y las circunstancias del episodio.

La concejal Ceferino Caruso defendió el pedido al señalar que el Concejo tiene la responsabilidad de controlar las decisiones del Ejecutivo y el destino de los recursos municipales. Durante su intervención, recordó también el antecedente de un tractor destruido en el mismo predio durante 2025.

Caruso remarcó que la maquinaria siniestrada había costado más de 70 millones de pesos, según lo expuesto durante la sesión, y consideró preocupante que un bien adquirido con recursos de los contribuyentes terminara completamente quemado. A partir de ese episodio, reclamó una reflexión sobre las políticas ambientales que lleva adelante la administración de Viotti.

Scavino aportó algunos detalles sobre lo ocurrido el 17 de septiembre. Explicó que el personal del Complejo Ambiental intentó controlar las llamas con los extintores disponibles y que posteriormente se cubrió el sector con tierra utilizando un topador para impedir que el fuego se extendiera. Como el incendio continuaba, fue necesaria la intervención de Bomberos Zapadores.

El edil oficialista agregó que, de acuerdo con la información preliminar recibida de los responsables del área, la máquina ya había presentado una falla. Por eso, indicó que una de las hipótesis apuntaba a un problema de origen, aunque aclaró que debía aguardarse la respuesta formal para conocer las conclusiones correspondientes.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de esclarecer qué ocurrió con una maquinaria de alto costo y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en su destrucción.

Vivienda y asistencia municipal: un debate con fuertes cruces

La última discusión relevante giró en torno al programa Construir Juntos, una iniciativa municipal sobre la cual el justicialismo solicitó información detallada al Instituto Municipal de la Vivienda.

La concejal Valeria Soltermam describió las dificultades que atraviesan numerosas familias de Rafaela para sostener el pago del alquiler y afrontar los gastos cotidianos. Según planteó, los ingresos de muchos hogares resultan insuficientes y el programa municipal representa una de las pocas herramientas disponibles para quienes necesitan realizar mejoras en sus viviendas.

También pidió conocer si existen mecanismos específicos de asistencia para las familias que podrían verse afectadas por el ingreso de agua a sus hogares ante eventuales lluvias intensas asociadas con El Niño.

Dellasanta respondió con una mirada crítica sobre el sistema de asistencia estatal y las condiciones económicas del país. Atribuyó la situación a los problemas acumulados durante décadas y cuestionó que los contribuyentes deban financiar programas destinados a cubrir reparaciones domésticas que algunas familias no pueden afrontar con sus propios ingresos.

El concejal también vinculó las dificultades para acceder a créditos con la situación económica heredada de las administraciones anteriores y defendió la posibilidad de que una recuperación del crédito permita a más personas planificar inversiones a largo plazo.

Sus expresiones generaron una inmediata reacción de Martín Postovit y Juan Senn, quienes cuestionaron el tono de sus declaraciones y las consideraron carentes de sensibilidad frente a las dificultades que enfrentan los sectores con menores recursos.

Pese a las diferencias, la minuta fue aprobada por unanimidad y, poco después, concluyó la sesión.

Una sesión que dejó planteados varios interrogantes

Los debates expusieron distintas prioridades dentro del Concejo Municipal: la prevención frente a posibles contingencias climáticas, el control de los bienes públicos y las respuestas que puede ofrecer el Estado local ante las dificultades habitacionales.

La adhesión a la emergencia hídrica salió adelante, pero sin las modificaciones de control que pretendía incorporar La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, el incendio de la pala cargadora dejó pendiente la necesidad de contar con explicaciones oficiales, mientras que el intercambio por Construir Juntos mostró las diferencias políticas sobre el alcance de la asistencia municipal.

Más allá de las votaciones, el desafío será que las decisiones adoptadas se traduzcan en respuestas concretas para los vecinos y en información clara sobre el uso de los recursos públicos.